Crisis inaceptable

Julio 22, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

La crisis que se está produciendo en las inspecciones de policía de Cali es inaceptable por donde se mire. Y llama a que tanto el Instituto Nacional Penitenciario como las autoridades nacionales asuman su responsabilidad, evitando que continúe creciendo un drama que desconoce la dignidad de los allí hacinados y puede convertirse en una crisis de proporciones incalculables.

La noticia no puede ser más alarmante: ante una orden judicial que impide mandar todos los detenidos a la cárcel de Villahermosa, las inspecciones de policía de Cali rebosan de personas capturadas por la comisión de delitos, sin que existan condiciones adecuadas para su integridad física y mental. Con lo cual se crea otro motivo más de intranquilidad e injusticia.Pero lo verdaderamente insólito es la reacción de las autoridades encargadas de manejar las cárceles: ninguna. Es decir, el problema debe ser atendido de cualquier manera por quienes no tienen la capacidad ni el conocimiento para ello, mientras el Estado se muestra por lo menos incapaz, cuando no indolente, ante un hecho que no es nuevo pero con seguridad desbordó los límites de la indiferencia, pasándole la responsabilidad a las autoridades locales y a los funcionarios de esas dependencias por unos hechos que desconocen ya los derechos humanos de los detenidos allí.Es que en las inspecciones de policía de Cali se están repitiendo las condiciones de hacinamiento, de amenazas contra la salud, de falta de espacio y ausencia de servicios públicos que padece la cárcel de Villahermosa. Y no parece existir la intención de resolver lo que se ha vuelto un problema crónico, por lo menos en la capital vallecaucana. Ni siquiera se insinúa la declaración de la emergencia carcelaria que autoriza la ley cuando se presentan hechos tan protuberantes como los que están ocurriendo en la ciudad.Así, y a pesar de los riesgos que la aparente solución implica para la integridad de los detenidos, para la salubridad pública e incluso para la seguridad ciudadana, aún es incierta la forma en que será solucionado el asunto. Lo cual significa que se seguirán enviando más personas a unas estaciones que no tienen las condiciones para albergarlas, ni recursos para su alimentación o para atender sus necesidades. Es como si cayeran en un limbo causado por la incapacidad, o por la inexplicable desidia del Estado ante una crisis que afecta a miles de ciudadanos a quienes debe garantizar sus derechos aunque sean acusados o hayan cometido delitos de cualquier clase.Colombia vive una verdadera paradoja: mientras aumenta la capacidad de la Fuerza Pública y de los organismos de seguridad ciudadana para combatir al delito y capturar a sus autores, el país no invierte lo que debe en la construcción de cárceles adecuadas a las nuevas realidades. Y carece de una verdadera política criminal y penitenciaria que responda a ese incremento, además de resolver a la mayor brevedad la situación de los miles de detenidos que son arrumados en cárceles como la de Villahermosa, donde ya se agotaron los calificativos para describir lo que allí ocurre.La crisis que se está produciendo en las inspecciones de policía de Cali es inaceptable por donde se mire. Y llama a que tanto el Instituto Nacional Penitenciario como las autoridades nacionales asuman su responsabilidad, evitando que continúe creciendo un drama que desconoce la dignidad de los allí hacinados y puede convertirse en una crisis de proporciones incalculables.

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