Convivencia en el Cauca

Junio 25, 2017 - 07:00 a.m. Por: Editorial .

Contra el olvido que pretende ocultar las invasiones que se están produciendo en el Cauca por grupos están los reclamos de quienes son despojados de sus derechos y atacados en sus propiedades, basados en vías de hecho propiciados por organizaciones que el Estado reconoce como voceros de las comunidades indígenas.

Esa es la realidad que azota a municipios como Corinto, Caloto, Piendamó, Cajibío y Coconuco. En todos se desconoce la propiedad privada alegando que son parte del patrimonio ancestral de comunidades Nasa. En ellos, los propietarios de haciendas o de minifundios deben sufrir la invasión constante de sus predios y la coacción al ejercicio de sus derechos.

La situación lleva muchos años, y crece de la mano de organizaciones que se han tomado la prerrogativa de definir cuáles son las tierras que consideran intocables y quién puede ejercer el derecho a explotar la tierra. Quienes así actúan están abusando del argumento de las etnias para discriminar a quienes no pertenecen a las comunidades indígenas, desconociendo principios fundamentales del ordenamiento jurídico colombiano.

Y se ha llegado a que las autoridades de Policía deban realizar constantes esfuerzos por desalojar los invasores, quienes regresan y vuelven a ocupar predios ajenos utilizando la violencia contra los propietarios, destruyendo sus cultivos como sucede en Corinto y obstaculizando el ingreso como lo hacen en la vereda El Cofre de Cajibío. Es decir, se desafía en forma abierta el orden jurídico, como si el reconocimiento que en él se hace de los pueblos indígenas autorizara a ignorar la Constitución y sus preceptos, que son la base de la concordia y rigen para todos los colombianos sin distinción de raza, credo, condición o militancia.

Estas denuncias se han hecho en infinidad de ocasiones. Pero las vías de hecho continúan, destruyendo además la tranquilidad y negando la posibilidad de una convivencia pacífica basada en el acatamiento de las leyes como principio fundamental para mantener la paz entre los colombianos.

¿De qué paz se puede hablar si quienes ejercen la vocería de una parte de las comunidades indígenas del Cauca se arrogan la facultad de desconocer los derechos de las personas que no pertenecen a ellas? Muchas veces, esos voceros han justificado sus acciones ilícitas en los incumplimientos de los gobiernos a los compromisos que se han firmado. Pero, ¿qué culpa tienen los propietarios de la tierra que padecen la invasión y deben soportar agresiones de todo tipo?

Mientras se habla de paz y se establecen condiciones para la convivencia, las excepciones y reconocimientos que se incluyen en las leyes para darle vida a esa aspiración son desviadas de su objetivo, creando discriminaciones y prerrogativas inaceptables. Eso es lo que está sucediendo en el departamento del Cauca, propiciado por organizaciones que pasan por encima de la Constitución y afecta a ciudadanos colombianos que cumplen con sus mandatos.

El Cauca no puede seguir siendo escenario de prácticas que desconocen la propiedad privada, siembran la discordia y consagran la violencia como medio eficaz y aceptado para imponer criterios particulares.

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