Controversia sobre la minería

En fallo tan criticado como poco estudiado por sus contradictores, la Corte Constitucional reconoció el derecho de las entidades territoriales a participar en la decisión que sobre la explotación del subsuelo en sus territorios se tome. Es una sentencia que responde a su interpretación de las normas, con la cual se vuelve a poner sobre el tapete la urgencia de establecer una verdadera política minera que concite todos los factores en juego.

En fallo tan criticado como poco estudiado por sus contradictores, la Corte Constitucional reconoció el derecho de las entidades territoriales a participar en la decisión que sobre la explotación del subsuelo en sus territorios se tome. Es una sentencia que responde a su interpretación de las normas, con la cual se vuelve a poner sobre el tapete la urgencia de establecer una verdadera política minera que concite todos los factores en juego.La sentencia de la Corte a una tutela avaló en forma parcial el fallo del Tribunal Superior del Quindío que reconoció el derecho de las entidades territoriales a oponerse a las directrices del Gobierno Central sobre la extracción minera. La base está en considerar que los departamentos y municipios deben participar en decisiones que comprometen el uso del suelo y pueden afectar de manera profunda la vida de las comunidades.Al reconocer esa facultad, la máxima autoridad constitucional ha producido un hecho que tendrá repercusiones. Es, ni más ni menos, que echar para atrás las bases sobre las cuales una ley pasó por alto las facultades que deben tener las regiones para definir su futuro. Con otro ingrediente, el que el Gobierno Central no tiene el derecho omnímodo para disponer cómo y cuándo se pueden establecer explotaciones mineras sin contar con las autoridades más cercanas al ciudadano, sus necesidades y los riesgos a los cuales quedan expuestos.La preocupación ha surgido en especial por el temor de las consecuencias que tendrá para las miles de licencias que se han otorgado. Fueron permisos a empresas nacionales y extranjeras, firmados sin consulta alguna, muchos de los cuales han desatado procesos judiciales y protestas, y que ahora pueden significar demandas contra la Nación, además de una nueva inestabilidad jurídica producida por la Justicia.“Demasiada incertidumbre”, fue el término usado por el Ministro de Medio Ambiente para calificar el momento. Esa afirmación refleja el dilema que quedó tras el pronunciamiento del Alto Tribunal. Sin embargo, lo que está claro es el deber de crear una política que sea capaz de integrar las distintas posiciones, evitando las tendencias extremistas, ya sea hacia la libertad absoluta de explotación por razones económicas o la prohibición por razones ecológicas.Y quedan las posibilidades de los mandatarios locales y regionales para convocar a consultas populares que definan el otorgamiento o no de licencias de extracción minera, lo que podría llevar a la imposibilidad de explotar las minas en Colombia. En lugar de ese recurso democrático pero excesivo, lo que debe producirse según la Corte Constitucional es una política guiada por “adecuados estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitan evaluar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios”.Queda claro entonces que la solución está en construir una política que permita armonizar el desarrollo del sector minero como generador de progreso con la participación de las regiones y de sus habitantes, sin que ello signifique sacrificar una de las riquezas de nuestro país.