Contralorías y clientelismo

Es que las contralorías son usadas no para vigilar sino para negociar con los gobiernos y para repartir puestos y poderes, dándoles la espalda a los mandatos constitucionales. Por eso, la elección de los contralores, que pasa por el filtro de tribunales y magistrados, termina siendo definida en conciliábulos manipulados por los gobernantes y los jefes políticos.

Durante la Cumbre de Organismos de Control, el Auditor General de la República lanzó una alerta sobre el desempeño de las Contralorías departamentales y municipales que no puede ser ignorada. Por su pobre desempeño en el cumplimiento de sus deberes y la amenaza que implican para el manejo de los recursos públicos, esas entidades están en mora de ser reestructuradas. El comunicado de la Auditoría General resume el peligro que se enquista en ella: “La debilidad de las Contralorías está enfocada en la baja gestión e inefectividad en los Procesos de Responsabilidad y Jurisdicción Coactiva en el cual se presentan caducidades y prescripciones, no se decretan medidas cautelares, las decisiones de los procesos son bajos con relación al total de los procesos activos, lo que se traduce en que el resarcimiento de los detrimentos causados al Erario son mínimos.” Es decir, la guarda de los recursos departamentales no se cumple. La pregunta es por qué no se hace algo con entidades como estas que no pertenecen a las administraciones y cuya misión es ejercer el control político a la gestión pública, como representantes del pueblo en el cuidado del patrimonio público. La respuesta está en que los titulares de esas dependencias son elegidos por Asambleas y Concejos, lo que las convierte en botín que se usa para negociar el control político y alimentar el clientelismo, sin importar si los gobiernos cumplen o no su función de atender las necesidades de los ciudadanos. Es que las contralorías son usadas no para vigilar sino para negociar con los gobiernos y para repartir puestos y poderes, dándoles la espalda a los mandatos constitucionales. Por eso, la elección de los contralores, que pasa por el filtro de tribunales y magistrados, termina siendo definida en conciliábulos manipulados por los gobernantes y los jefes políticos. Así, lo que debería ser una labor transparente y de cara a los ciudadanos se convierte en el peor ejercicio clientelista, mientras los recursos públicos quedan a merced de la corrupción y sin posibilidades de sancionar a los depredadores. La crisis del Valle y el negociado de las llamadas vigencias futuras muestran otra de las facetas de la crisis en las Contralorías. El Contralor de entonces advirtió al destituido gobernador Juan Carlos Abadía y a los diputados sobre la ilegalidad de esa operación que disfrazaba un endeudamiento, y sobre la incapacidad del Departamento para asumir esa deuda. Todos hicieron caso omiso de la advertencia y ahora el Valle tiene que desembolsar sumas importantes para cubrir los acuerdos con los cuales se desmontó lo que iba camino de convertirse en el peor descalabro de su historia. Ante tales realidades, el Ministro del Interior sugirió la liquidación de las entidades de control local y regional y la entrega de sus facultades a la Contraloría Nacional. Por supuesto, esa no es la solución. Pero sí está claro que las contralorías se le deben quitar al clientelismo y darles funciones que las hagan respetables en vez de ser el botín que se negocia para darle vía libre a la corrupción.