Contradicciones de la minería

Por culpa de la ilegalidad, de la democracia mal entendida y de las erráticas actuaciones del Estado, la minería en Colombia y en general la explotación de la riqueza del subsuelo atraviesa uno de los momentos más difíciles. Ya es hora de enfrentar el problema con decisiones que den certeza a esa actividad, acaben con la ilegalidad y eviten los conflictos de todo orden que se presentan a diario.

El caso más inmediato de esos conflictos es el paro que se presenta en Antioquia y el malestar que cunde en la zona noreste de ese Departamento, en especial, en Segovia, Remedios y Buriticá. Allí, la acción de las autoridades para imponer orden y la posibilidad de legalizar la minería informal y tradicional ha desatado una protesta que lleva diecinueve días, impulsada por las bandas criminales y de toda clase que encontraron en la explotación de oro un renglón más rentable que el narcotráfico.

El resultado es una confrontación donde también se ha cuestionado la actuación de empresas internacionales que adquirieron títulos legítimos, tratan de conciliar con los mineros tradicionales y ahora son acusados de abusos. Mientras tanto, los grupos interesados en que no haya controles respaldan actividades como el asesinato, la amenaza y el desplazamiento, pasando el asunto de una discusión civilizada al campo de la violencia.

Otro aspecto no menos importante es el uso de las consultas populares para impedir las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que generan progreso a las comunidades y a todo el país. Por supuesto, deben ser actividades responsables, compatibles con la preservación del medio ambiente, lo que en todas partes del mundo ha sido posible.

Pero en Colombia ocurre que la interpretación de las normas ha llevado a que se realicen consultas que no tienen valor legal al ser promovidas por autoridades locales sin competencia, pero sí producen consecuencias en la opinión pública que llevan a condenar industrias como la exploración y explotación petrolera. Más allá de si esos referendos tienen o no validez jurídica, lo que se pone en tela de juicio es la realización de actividades legítimas, amparadas por la ley y que deben ser vigiladas por el Estado.

Así, lo que esta ocurriendo es un desgaste de la legitimidad del Estado, mientras la minería ilegal crece y se convierte en herramienta tanto o más poderosa que el tráfico de estupefacientes en todas sus etapas. Es un fenómeno que afecta en especial a zonas apartadas de las ciudades y del centro de la República, donde la presencia estatal es precaria o inexistente y en muchos casos la pobreza no le deja alternativas a sus habitantes.

Hay pues una gran contradicción que debe ser resuelta para detener el dolor de cabeza que padece la minería en Colombia, donde se otorgan licencias y permisos de explotación pero se persigue a sus legítimos operadores, mientras la ilegalidad hace su negocio, financiando la violencia en todas sus expresiones. Es esa contradicción la que debe ser superada para detener la manipulación de las normas y evitar males peores.