Contra la Justicia

En total, el paro completa ya 50 días de iniciado. Y si se tiene en cuenta que en menos de 20 días se iniciará la vacancia judicial cuya duración es de 30 días, queda claro que el servicio público de la Justicia quedará suspendido durante más de 3 meses para centenares de miles de ciudadanos. Además, el Estado tendrá que pagar los sueldos a quienes se mantienen en huelga, puesto que el paro no ha sido declarado ilegal.

Como siempre ocurre con los paros en la Justicia, miles de ciudadanos son afectados por quienes han encontrado en el cese de actividades la forma de lograr prebendas salariales y de cualquier tipo. Es lo que está sucediendo en el movimiento que ya se acerca a los 50 días y que por fortuna sólo protagoniza una parte de los sindicatos afilados a Asonal Judicial. Las palabras ya no alcanzan para describir el daño que causa la costumbre de paralizar la Justicia para obtener reivindicaciones laborales. Sólo puede decirse que se calculan en 150.000 los ciudadanos directamente afectados y en más de 15.000 las audiencias suspendidas. Lo cual puede dar una idea de hasta dónde llega el desprecio por el servicio público más importante en cualquier sociedad civilizada. Es la consecuencia de una decisión del Consejo Nacional de la Judicatura que ordenó el cierre de centenares de juzgados de descongestión, aduciendo la falta de recursos, lo cual fue resuelto con rapidez, pese a lo cual, el paro siguió su curso.Es que la Justicia es ahora rehén de unos sindicatos empeñados en cosas como deshacer la reforma a la Fiscalía General de la Nación, que demoró años en lograrse. Si esa demanda triunfa, deberán desmontarse 900 cargos y la nivelación salarial de 10.600 servidores públicos, impidiéndose también que se utilice un presupuesto de $1,1 billones. Otra exigencia imposible es convertir en parte del salario una bonificación extraordinaria acordada en el paro del 2012, lo que equivaldría a aumentar el gasto en $6 billones.Y para alcanzar esas exigencias, los promotores del movimiento no han vacilado en usar la fuerza. En las redes circula un video de 15 minutos mostrando los bochornosos actos en los cuales se golpea a los funcionarios que quieren trabajar, impidiéndoles el ingreso a sus oficinas. O la reacción desaforada contra el anuncio de descontar los días no trabajados y la exigencia de renuncia al Fiscal General por aplicar la ley que le ordena reformar la institución a su cargo.En total, el paro completa ya 50 días de iniciado. Y si se tiene en cuenta que en menos de 20 días se iniciará la vacancia judicial cuya duración es de 30 días, queda claro que el servicio público de la Justicia quedará suspendido durante más de 3 meses para centenares de miles de ciudadanos. Además, el Estado tendrá que pagar los sueldos a quienes se mantienen en huelga, puesto que el paro no ha sido declarado ilegal.¿Por qué no ha sido declarado ilegal? Porque nadie lo ha exigido a un tribunal, como ordena la ley. Esa ha sido la respuesta, a la cual se suma ahora el ofrecimiento de pagar los salarios a cambio de reemplazar con trabajo los días no laborados. Es decir, otra claudicación, que desprestigia aún más a la Justicia y demuestra la facilidad para extorsionar a la Nación con la parálisis de un servicio público esencial. Eso está expresamente prohibido por el artículo 56 de la Constitución Nacional.Difícil aventurar cuándo terminará el paro. Lo que sí puede decirse es que con él se ha cometido un atropello al Estado de Derecho, a la Constitución Nacional y a miles de ciudadanos.