Contra la Justicia

"Lo que puede venir es una verdadera explosión de excarcelaciones por términos vencidos, de aplazamiento indefinido de diligencias en los juzgados penales, civiles laborales y administrativos. Es decir, de nuevo el caos de la institución más importante para construir una paz verdadera y generar la respetabilidad del Estado de Derecho".

A partir de ayer martes, 1349 juzgados de descongestión, cada uno de los cuales atendía dos mil procesos represados en la Justicia ordinaria durante años, fueron cerrados por decisiones del Consejo Superior de la Judicatura. Y a la par fueron nombrados en propiedad 6088 funcionarios en los juzgados permanentes, en lo que muchos se atreven a calificar como el último ejercicio clientelista de la que ha sido la institución más criticada en la historia de la Justicia colombiana.La decisión parecería normal si se hubiera cumplido con el propósito que dio origen a esos juzgados. Como su nombre lo indica, se trataba de evacuar los procesos acumulados en todos los despachos dando un respiro a la Rama judicial. En otros términos y más importantes si se quiere, de darle solución a los miles de ciudadanos que de una u otra manera tienen sus derechos en discusión.Pero no fue así. Todos esos funcionarios que tenían a su cargo tan crucial responsabilidad con la Nación, y que durante varios años fueron interinos porque sus contratos se les renovaba cada mes, quedaron cesantes. Y no hubo solución de continuidad, es decir, no existió un tránsito de la medida de emergencia a la vida ordinaria de la Justicia. La consecuencia es que miles de procesos volverán a acumularse, sin que el Estado haya resuelto su situación.Y apareció el peloteo de siempre, entre el Consejo Nacional de la Judicatura que alega la falta de recursos proporcionados por el Gobierno para expedir el acuerdo que prorrogaba la vida de los juzgados de descongestión, y el Ministro de Justicia afirmando que los recursos estaban disponibles. Total, el órgano jurisdiccional les vuelve a quedar mal a los ciudadanos que han confiado en él para terminar las controversias o están a la espera que les resuelvan su situación jurídica.Lo que puede venir entonces es una verdadera explosión de excarcelaciones por términos vencidos, de aplazamiento indefinido de diligencias en los juzgados penales, civiles laborales y administrativos. Es decir, de nuevo el caos de la institución más importante para construir una paz verdadera y generar la respetabilidad del Estado de Derecho.Con razón, los sindicatos y gremios del sector han levantado su voz para reclamar contra el absurdo que puede causar un infarto de proporciones incalculables para el país. Es que parece inexplicable la ausencia de respuestas coherentes ante una crisis que hace muchos años dejó de ser pasajera para convertirse en un mal crónico donde lo que menos parece importar es la función constitucional de impartir cumplida y eficaz justicia.Hoy hay que preguntar de nuevo por qué no ha sido posible liberar a la Justicia de las ataduras clientelistas para que cumpla su misión en la sociedad. Por qué la improvisación y el inmediatismo son antepuestos a la planeación y la vocación de servicio que se requiere para tener una justicia respetable y acatada. Esas son las inquietudes que viven los colombianos mientras esperan el nuevo cese de actividades que paralice un servicio público esencial para cualquier sociedad que se precie de civilizada y democrática.