Contra el interés nacional

...a duras penas se mantuvo el carácter culposo a las lesiones y homicidios ocasionados por conductores en estado de alicoramiento o bajo efecto de drogas. Y si bien se aumentaron las penas, los congresistas de esas comisiones que aprobaron la medida decidieron eliminar las sanciones económicas y administrativas para quienes se transforman en amenaza social cuando combinan el alcohol y las drogas con el volante.

Seis meses llevan discutiendo los Legisladores el proyecto de ley que pretende imponer sanciones ejemplarizantes a los conductores borrachos. Sin embargo, y a pesar del interés nacional por el asunto, lo que fue aprobado en las sesiones conjuntas de las Comisiones Primera del Senado y la Cámara de Representantes da a entender que no hay voluntad para tomar la decisión que reclaman los colombianos. Según las informaciones conocidas hasta ahora, en el penúltimo de los cuatro debates se decidió eliminar 22 de los 23 artículos del proyecto original. Es decir, a duras penas se mantuvo el carácter culposo a las lesiones y homicidios ocasionados por conductores en estado de alicoramiento o bajo efecto de drogas. Y si bien se aumentaron las penas, los congresistas de esas comisiones que aprobaron la medida decidieron eliminar las sanciones económicas y administrativas para quienes se transforman en amenaza social cuando combinan el alcohol y las drogas con el volante. Con esa decisión le quitaron la sustancia al proyecto de ley que nació de la necesidad de defender la vida y la integridad con medidas que tengan más trascendencia que la de amenazar con detenciones excarcelables. En otros términos, se negaron a aplicar penalidades económicas y la suspensión definitiva de las licencias a quienes en forma deliberada se emborrachan y convierten los vehículos en armas letales contra sus semejantes. Con lo cual renunciaron a aplicar el efecto disuasivo que tienen esas medidas, volviendo a las gaseosas fórmulas existentes con las cuales se ha consagrado en la práctica la impunidad para conductas que causan daños irreparables a la sociedad y fomentan comportamientos que amenazan la integridad de los ciudadanos. Y lo hicieron desconociendo la voluntad que se ha expresado de mil maneras contra la tolerancia y la laxitud del Estado que incentivan la mezcla de licor y gasolina, convirtiendo la ley y la justicia en rey de burlas. Al parecer, el oficio de quienes aprobaron, o mejor destruyeron el proyecto de ley, no tiene relación con lo que espera la Nación de ellos. Por las razones que sean, se negaron a ejercer su obligación de interpretar la voluntad de la sociedad que representan para hacer que se envíe un mensaje claro e inequívoco a quienes persisten en esa acción peligrosa que ha dejado miles de historias de dolor y tragedia. Y para sancionar de manera efectiva a quien la Justicia le demuestre que ha incurrido en esas conductas.Por fortuna, aún falta el último debate que, ojalá, se realice en la presente legislatura. En la sesión plenaria, el Congreso tiene la obligación de cambiar la vergonzosa peluqueada que las comisiones le metieron al proyecto y atender la voluntad nacional. Con lo cual ayudaría también a mejorar su mala imagen entre los colombianos, originada en casos como éste, donde la reticencia de unos pocos congresistas se opone al deseo de la nación. Y donde el Estado sigue siendo incapaz de adoptar sanciones ejemplares y no sólo carcelarias, que sirvan para persuadir a los ciudadanos sobre el peligro social que significan los conductores borrachos.