Consecuencias del mal gobierno

"...el gobernador Lourido logró un acuerdo para detener la catástrofe que significaría para el Valle el esperpento jurídico de las vigencias futuras. Pero también significará la pérdida de más de $15.000 millones de los recursos públicos necesarios para atender a los vallecaucanos".

Después de difíciles y complejos procesos, el Gobernador del Valle anunció la culminación de las negociaciones con dos de los consorcios beneficiados por la adjudicación del programa de obras que iban a financiarse con las vigencias futuras. Un final que si bien despeja el futuro de las finanzas departamentales no puede llevar a la impunidad de quienes causaron semejante desastre. En sus declaraciones del pasado viernes, el gobernador Francisco José Lourido informó sobre el acuerdo con dos de los contratistas, que tenían contratos firmados por $480.000 millones. Ello significará que el Departamento les pague $11.500 millones, quedando una cifra cercana a los $6.500 millones pendientes de resolver por un tribunal de arbitramento. De otra parte, se sabe que el tercer contratista aún está negociando sus pretensiones, pero parece posible lograr un acuerdo en el corto plazo. Eso significa que el Valle se libera de la más leonina e incompresible negociación realizada en toda su historia. Era un negocio por $650.000 millones sobre obras indefinidas y vagas, que gravaría las rentas departamentales por diez años y cuyos costos financieros elevarían el precio final a 1,5 billones de pesos. Un negocio desastroso, para el cual la Asamblea Departamental otorgó su autorización en sesiones relámpago y sin escuchar las recomendaciones de la Contraloría Departamental, del Ministerio de Hacienda y de todos quienes expresaron su alarma por lo que estaba sucediendo. Fue un negocio en el cual la Administración del destituido gobernador Juan Carlos Abadía obligó a los contratistas a pagar enormes sumas como comisión de éxito al estructurador del negocio. Lo que queda en claro es que el gobernador Lourido logró un acuerdo para detener la catástrofe que significaría para el Valle el esperpento jurídico de las vigencias futuras. Pero también significará la pérdida de más de $15.000 millones de los recursos públicos necesarios para atender a los vallecaucanos. Ahora es deber de la Justicia y de los organismos de control el exigirle cuentas a los autores de la maniobra frustrada y recuperar los recursos que se perdieron en ella. Las vigencias futuras y su traumático desenlace son un ejemplo de lo que sucede cuando se eligen malos gobernantes que desconocen las más elementales normas para poner las instituciones de gobierno al servicio de los intereses partidistas o particulares. Del desastre que se produce cuando corporaciones de elección popular como la Asamblea Departamental, encargada de hacer control político a los administradores, negocian ese control en aras de supuestos pactos de gobernabilidad que impiden defender el interés público de la corrupción y el clientelismo. Pero también son una alerta para evitar que en las elecciones del próximo 30 de octubre se elijan gobernantes que signifiquen la continuidad de partidos como el PIN en el poder. Sus inspiradores, encabezados por Martínez y Abadía, fueron los causantes de la debacle, y el Valle no puede repetir la equivocación que significó la pérdida de su categoría y de miles de millones de pesos.