Confusión inexplicable

Confusión inexplicable

Noviembre 16, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

El enfrentamiento sobre la política que debe seguir el Estado con respecto al narcotráfico y al castigo a sus autores, demuestra hasta dónde puede llegar la confusión al momento de combatir al que sin duda es el peor enemigo de la paz en Colombia y ahora avanza hasta destruir la salud de un millón quinientos mil consumidores reconocidos en un estudio por el Departamento Nacional de Planeación.

El enfrentamiento sobre la política que debe seguir el Estado con respecto al narcotráfico y al castigo a sus autores, demuestra hasta dónde puede llegar la confusión al momento de combatir al que sin duda es el peor enemigo de la paz en Colombia y ahora avanza hasta destruir la salud de un millón quinientos mil consumidores reconocidos en un estudio por el Departamento Nacional de Planeación. Primero fue la orden de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato a los cultivos ilícitos y el vacío de más de dos años en tomar decisiones que lo reemplacen. El resultado es el crecimiento exponencial de las siembras de coca que según reportes pueden exceder las 160.000 hectáreas y han elevado la producción de cocaína a niveles que superan las mejores épocas del negocio ilícito más grande del mundo.Con razón el recién posesionado Fiscal General de la Nación lanzó la voz de alerta sobre lo que está ocurriendo, reclamando que no se renuncie a ese recurso hasta tanto aparezca una forma más efectiva de controlar lo que es una amenaza para la Nación y sus instituciones. La respuesta ha sido por lo menos errática, mientras los delincuentes siguen aprovechando la nueva bonanza y la impotencia de las autoridades para combatir lo que es la raíz del problema. Y hace algunas semanas, el fiscal Néstor Humberto Martínez llamó la atención sobre la manera en que se está tratando de cambiar la legislación que castiga a quienes explotan las drogas ilícitas en todas sus formas. Ahora, desde el Ministerio de Justicia se promueven proyectos de ley que beneficiarán a cultivadores y a las mujeres relacionadas con el narcotráfico. Según el Ministerio, de lo que se trata es de cambiar el enfoque para proteger a los pequeños productores y a las mujeres, argumentando que son la parte más débil de la cadena.Lo más grave, según el Funcionario, es que se habla de una reforma constitucional en la cual se renuncia a la persecución contra autores de delitos incluidos en el Acuerdo con las Farc. Es decir, contra los guerrilleros sindicados y condenados por sus vínculos con el tráfico de estupefacientes. Y en un proyecto de ley, se pretende beneficiar a las mujeres que tengan idénticos vínculos con el mismo delito, usando la perspectiva de género para incentivar la impunidad y crear discriminaciones entre los ciudadanos en razón de su sexo.Las respuestas de los directivos del Ministerio de Justicia producen aún más preocupaciones. Descalificar las advertencias del Fiscal, es tratar de ocultar las intenciones que impulsan las iniciativas que hasta ahora se movían en silencio. Y es pretender debilitar la lucha que debe mantener el Estado contra el negocio que alimenta la criminalidad en nuestro país y aporta la mayor parte de los asesinatos. Es absurdo desconocer que el narcotráfico como generador de la violencia no ayuda a construir la paz estable y duradera que todos queremos. Y neutralizar la acción penal contra sus autores, grandes, medianos y pequeños, es exponer a la Nación a repetir las épocas en las cuales el crimen puso a Colombia al borde de ser un Estado inviable.

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