Confusión inaceptable

A tres días hábiles de concluir la legislatura, el Congreso de la República hace esfuerzos por aprobar el reglamento para aplicar la Justicia Especial de Paz. Y entre tanto, la Corte Constitucional aún no emite su sentencia sobre la legalidad de la Ley estatutaria que creo esa Jurisdicción.

El resultado es la confusión total que lleva a declaraciones como la del candidato Iván Duque sobre la conveniencia de suspender ese trámite, o del Ministro del Interior acerca de que ello impediría el funcionamiento de la JEP, llevando a la impunidad mientras se despeja el futuro de esa nueva institución.

Por supuesto, tal estado de cosas no se hubiera presentado si el Gobierno y su amplia mayoría en el Congreso hubieran actuado con la organización y la presteza que se requería para aprobar todo lo referente a la justicia transicional que se acordó en la negociación con las Farc. O si en los ocho meses anteriores a hoy se hubiera tramitado un proyecto que no despertara las polémicas que surgieron con la presentación del que fue elaborado por los magistrados de la JEP.

Como consecuencia, asuntos como la extradición de alias Jesús Santrich por hechos que se produjeron después del primero de diciembre de 2016 causaron el primer gran encontronazo entre órganos de la Justicia ordinaria y la JEP. Lo cual llevó a que se movilizaran sectores de la bancada oficialista para limitar una atribución que ha sido mal interpretada por los magistrados del nuevo ente jurisdiccional, al punto en que desconocen el mismo acuerdo con las Farc.

Ahora todo el reglamento avalado por el Gobierno, incluido el artículo de la extradición, está en veremos, y a pocas horas de la elección presidencial. Aunque ya no es tiempo para llorar sobre leche derramada, hay que reconocer que esa característica hace imposible que la política electoral interfiera en el proceso decisivo, y que los aspirantes se abstengan de responder o de expresar su opinión, sabiendo que el próximo lunes, dos días antes de clausurar la legislatura, uno de ellos será el nuevo presidente y el equilibrio político cambiará en forma radical.

También es necesario referirse a la demora de la Corte Constitucional en revisar la Ley estatutaria que creó la JEP, lo que puede llevar a que se caiga el reglamento en discusión. Entendiendo lo delicado del asunto y la congestión que padecen los Magistrados, también debió pensarse en las dificultades que, como está ocurriendo, se producirían en el que quizás sea el paso más importante para aplicar el acuerdo que termina un conflicto de cincuenta y tres años.

Por todo ello el país está en vilo sobre lo que pueda suceder con la Justicia Especial de Paz, mientras presencia una discusión que pudo evitarse si se hubiera actuado como corresponde. Y, en la práctica, ésta está impedida de operar como corresponde para fijar responsabilidades y decidir asuntos cruciales como la posibilidad de que personas acusadas o juzgadas y condenadas por delitos de lesa humanidad sean parte del Congreso de la República.

Eso no le conviene a Colombia ni a ninguna democracia.