Confrontación nociva

Confrontación nociva

Octubre 18, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Sin duda, las personas tienen el derecho a no estar de acuerdo y a disentir en sus puntos de vista. Pero esa facultad encuentra sus límites cuando se trata de cumplir funciones como la fiscalización del Estado y la investigación de hechos punibles".

Ayer, y a pedido de la propia funcionaria, el Procurador General de la Nación abrió una indagación preliminar contra la doctora Sandra Morelli, contralora General de la República, a raíz de la confrontación que ella sostiene con el fiscal General, doctor Eduardo Montealegre. Es decir, entidades que deberían trabajar de forma unívoca para preservar los fines del Estado, son ahora protagonistas de un enfrentamiento que no beneficiará a la administración pública ni a los ciudadanos de bien. Argumentando que el Fiscal General la había acusado de prevaricato y abuso de autoridad por sus declaraciones críticas contra el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, la doctora Morelli le pidió al Procurador que investigue sus actuaciones. Fue el florero de Llorente que destapó un enfrentamiento sordo y profundo, y da a entender la distancia existente entre dos entidades creadas para complementarse, vigilar el buen uso del patrimonio público y propender por las sanciones oportunas y ejemplares a quienes traten de defraudar la fue pública o asaltar las arcas del Estado. Todo indica que esa complementación no existe. Incluso, algunas declaraciones de la señora Contralora dan a entender que sus investigaciones y las comunicaciones que sobre ellas se envían al organismo investigador para que adelante los procesos penales a que haya lugar, no son tenidas en cuenta. Por su parte, el doctor Montealegre insinúa que las actuaciones de la Contraloría pueden estar desbordando los límites legales y en algunos casos llega a tratar de coadministrar, lo que entorpece la labor de los funcionarios y la entrega de resultados. En esos términos, el espectáculo no podría ser más preocupante para Colombia. Sin duda, las personas tienen el derecho a no estar de acuerdo y a disentir en sus puntos de vista. Pero esa facultad encuentra sus límites cuando se trata de cumplir funciones como la fiscalización del Estado y la investigación de hechos punibles. Es ahí cuando las personas elegidas o designadas para adelantar esas misiones, están obligadas a deponer sus aspiraciones personales y prestar su concurso para construir la armonía que se requiere para cumplir un objetivo común.Y para evitar la conmoción permanente que significa la proclividad a la declaración pública que convierte a los funcionarios en protagonistas de titulares en los medios de comunicación. Ese elemento está en el centro del problema porque es de enorme impacto ya que reproduce y amplifica las disputas. Así, las diferencias que pueden y deben ser ventiladas en los espacios apropiados se convierten en confrontaciones públicas que polarizan y destruyen la confianza en las instituciones.No es pues un asunto de impedir la natural diferencia de puntos de vista ni de silenciar sus informaciones, de vital importancia para comunicar a la ciudadanía y alertarla sobre las conductas que le causan daño a la sociedad. De lo que se trata es de recordar la mesura que pide el Procurador, para lograr que los órganos de control y fiscalización cumplan su objetivo común, el de guardar el patrimonio nacional y sancionar a quienes le causen menoscabo.

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