Conflicto en el Cauca

Marzo 01, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Es obligatorio entender los reclamos de los cabildos por el sucesivo incumplimiento de los acuerdos firmados por varios Gobiernos. Pero también se debe reconocer que todos ellos nacieron de las vías de hecho que han usado los dirigentes indígenas para reclamar los derechos que ellos consideran indiscutibles".

Cuatro días completan los disturbios en el norte del Cauca, protagonizadas por grupos indígenas que reclaman la presencia de delegados del Gobierno Nacional para dialogar sobre el incumplimiento de compromisos adquiridos con ellos en el transcurso de los últimos veinte años. Es el reclamo constante de quienes se consideran propietarios de la tierra por derecho natural.Sin embargo, la movilización arrancó en diciembre pasado, cuando los miembros del resguardo Páez de Corinto se tomaron una zona de 1500 hectáreas de propiedad de un ingenio azucarero, para reclamar que les entregaran las tierras que consideran “ancestralmente suyas”. Además, exigen que se cumpla el acuerdo firmado en 1999 con el Gobierno Nacional, como resarcimiento a la masacre del Nilo. Ello implica la entrega de 6.500 hectáreas en la parte plana del Cauca.Sin más instancias que la decisión de los cabildos, los indígenas empezaron por bloquear la carretera Panamericana, en la zona montañosa de Santander de Quilichao. Allí debió llegar la Policía Nacional, para despejar la vía y restablecer el orden. Luego se produjo la acción de las autoridades para desalojar a los invasores en la zona comprendida entre Caloto y Corinto, produciéndose enfrentamientos que hasta ahora dejan un saldo de 60 heridos entre indígenas y Fuerza Pública. Por supuesto, es obligatorio entender los reclamos de los cabildos por el sucesivo incumplimiento de los acuerdos firmados por varios Gobiernos. Pero también se debe reconocer que todos ellos nacieron de las vías de hecho que han usado los dirigentes indígenas para reclamar los derechos que ellos consideran indiscutibles. Es decir, no existe un documento donde se establezca con precisión las áreas que el Gobierno se comprometió a entregar, así existan acuerdos firmados por gobiernos que no encontraron recurso distinto para detener las protestas de otras épocas. Ni hay de por medio una providencia judicial que ordene la entrega de los bienes ahora invadidos.En esas condiciones, lo que se está produciendo es una confrontación entre los cabildos que usan las vías de hecho y el Estado de Derecho que rige en Colombia; entre la apelación a las invasiones de los indígenas que alegan su intención de proteger y recuperar la Pacha Mama, y el Gobierno que debe garantizar el libre ejercicio de los derechos adquiridos con justo título. Con el ingrediente adicional de que el país está comprometido en un proceso de paz con las Farc y, en estos momentos, el norte del Cauca es epicentro de combates.Por eso, antes de condenar a las autoridades por intervenir para restablecer el orden, debe considerarse la realidad de lo que está sucediendo. Y apelar a la sensatez de los dirigentes de las comunidades indígenas, para que cesen las vías de hecho que incluyen invasiones a tierras cuyos propietarios tienen títulos legítimos y han ejercido en forma pacífica sus derechos. Ellos deben saber que Colombia tiene un ordenamiento jurídico que debe ser acatado y respetado, y en el cual se establecen procedimientos para que cada ciudadano pueda reclamar los derechos.

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