Colombia desarmada

Enero 22, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

De lo que se trata es de impedir que el armamentismo patrocinado por el Estado sea la respuesta a la inseguridad que, sin duda, afecta la percepción de los habitantes de ciudades y poblaciones. En otros términos, es recuperar la confianza en los organismos de seguridad como garantes efectivos del orden público y protectores de las actividades civiles.

En días pasados, el presidente Juan Manuel Santos anunció la ampliación del plan desarme. En un país acostumbrado a convivir con hechos causados por armas de fuego legales o no, la noticia debería poner a pensar en lo que sería nuestra Nación si aplicara en todo su sentido el concepto de que el monopolio de las armas está en cabeza del Gobierno. La base de la decisión está en los buenos resultados que dejó la aplicación del plan durante el final de año. Por lo tanto, el Primer Mandatario prorrogó la medida hasta el 31 de diciembre del presente año, lo cual significa aceptar los pedidos de la Policía Nacional y de autoridades municipales como las de Cali, que desde el 2012 aplicaron la estrategia, aunque de manera parcial puesto que la Tercera Brigada así lo dispuso. Por supuesto, no se puede caer en la ingenuidad de pensar que con ello se suspenderá el uso de las miles de armas de fuego ilegales que inundan a Colombia. Tampoco puede decirse que el nuestro es un país pacífico, aunque se han reducido las acciones violentas, y es notorio el avance de las autoridades contra la delincuencia organizada. Luego de décadas, las estadísticas demuestran que las cosas están cambiando. De lo que se trata es de impedir que el armamentismo patrocinado por el Estado sea la respuesta a la inseguridad que, sin duda, afecta la percepción de los habitantes de ciudades y poblaciones. En otros términos, es recuperar la confianza en los organismos de seguridad como garantes efectivos del orden público y protectores de las actividades civiles. Es ese el papel que se le reconoce en otras sociedades, y es la clave de una vida civilizada en la que la capacidad de destrucción que otorga un arma es reemplazada por la efectiva actuación del Estado. Por supuesto, nos falta tener una justicia rápida y eficaz que responda a las necesidades de los ciudadanos; que sea capaz de atender y resolver los conflictos entre ellos y que actúe con más precisión en la persecución del delito. Es decir, una Justicia que cumpla con su deber de proteger la seguridad y los derechos del ciudadano, actuando en coordinación con las autoridades que tienen a su cargo el combate a la delincuencia y la preservación de la convivencia como valor fundamental para pacificar nuestra sociedad. Tampoco puede decirse que los ciudadanos que cumplan con sus deberes deban ser privados de portarlas para defenderse. Pero ésta debe ser la excepción. Si bien es ingenuo afirmar que el Estado colombiano ha alcanzado un control total sobre las diferentes y peligrosas formas de criminalidad, más peligroso es afirmar que con el armamentismo generalizado se logrará la seguridad que todos deseamos. El ejemplo de lo que ocurre con frecuencia creciente en los Estados Unidos y las campañas de su presidente contra la proliferación de armas, indica que el camino para encontrar la seguridad no está en el armamentismo. Está, ante todo, en confiar en que el Estado es capaz de defender la vida, honra y bienes de los colombianos, y en exigirle que cumpla su misión. Quizás sea una utopía, pero vale la pena soñar.

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