Claridad indispensable

Entre la perplejidad y la incertidumbre está hoy Colombia por los testimonios de Jorge Enrique Pizano y los cuestionamientos que de ellos se derivan. Ante su gravedad, es el momento para que se despejen los interrogantes acerca de los hechos delincuenciales cometidos por Odebrecht, su relación con sus socios en el consorcio la Ruta del Sol y la actuación del Fiscal General de la Nación.

El ingeniero Pizano era el ‘controller’, una especie de veedor y auditor designado por los socios de la multinacional brasilera que se convirtió en el foco de la corrupción en Latinoamérica. Luego de fallecido en circunstancias que son objeto de investigación, un noticiero de televisión nacional emitió el video en el cual el exfuncionario del consorcio que terminó involucrado en uno de los más graves casos de corrupción en nuestro país narró su conversación con el hoy Fiscal, Néstor Humberto Martínez, y describió sus temores sobre lo que podía ocurrirle por sus denuncias.

En esa conversación realizada el 25 de junio de 2015 y cuando el doctor Martínez era abogado del Grupo Aval, se puede escuchar con claridad que Pizano le da a conocer irregularidades cometidas por el operador del concesionario, Odebrecht, las cuales afectaron a sus socios. Pero además, se puede deducir que se produjeron maniobras oscuras que involucraban intereses públicos y se convertían en delitos graves contra la fe pública y la administración del Estado.

Queda también la sensación de que sus palabras no fueron escuchadas como debía ser y que su testimonio no fue tenido en cuenta como correspondía. Al respecto, tanto el doctor Martínez como el Grupo Aval han publicado comunicados con los cuales quieren hacer claridad sobre las denuncias del ingeniero Pizano. Esos documentos son de conocimiento público y deben ser tenidos en cuenta cuando se trate de formar una idea sobre lo ocurrido alrededor del caso de corrupción que lleva más de cinco años gravitando en la actualidad colombiana.

Sin embargo, debe decirse que no hay claridad sobre los hechos y sobre lo que estaba sucediendo con el denunciante convertido después en acusado por otro caso. Más aún cuando su hijo falleció envenenado tres días después de Pizano, y varios periodistas han seguido sacando documentos y haciendo públicos sus temores por una posible retaliación, denunciando intentos por silenciar o descalificar sus opiniones o los documentos que aportan.

Todo es pues un mar de confusiones en el que lo único claro parece ser que las fechorías de Odebrecht tienen un espectro mucho más complejo que el que se conocía. Y en él ha salido a la palestra el comportamiento del hoy Fiscal General de la Nación y de los socios en el consorcio Ruta del Sol II, cuyos litigios con el Estado por los hechos que rodearon la ampliación y ejecución de la vía a su cargo aún están en procesos judiciales y tribunales de arbitramento.

Por eso hay que llegar al fondo de un asunto que compromete el nombre y la credibilidad de personas, instituciones y entidades que tienen el derecho y el deber de poner en claro lo ocurrido.
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