‘Chuzadas’ a la mexicana

El escándalo por un presunto espionaje realizado por entidades del Gobierno mexicano contra periodistas y activistas de derechos humanos promete convertirse en una pesada carga para el presidente Enrique Peña Nieto.

La semana pasada un nuevo hecho se sumó a las graves acusaciones que enredan al mandatario mexicano. Según denunció Citizen Lab, la organización canadiense que ha documentado este caso de ‘chuzadas’ consistente en un programa de robo de información a periodistas y activistas, un grupo de políticos de oposición también fue víctima de espionaje.

Estas revelaciones se suman a las publicadas por el periódico The New York Times, que había advertido que el gobierno mexicano espía no solo a criminales y terroristas sino también a periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos y sus familiares. De acuerdo con el diario, el gobierno mexicano compró un avanzado programa de interceptación celular de una empresa israelí que se llama Pegasus, a través del cual se logra infiltrar teléfonos inteligentes con sus mensajes de textos, correos electrónicos y contactos.

Las revelaciones han desatado una ola de indignación en México y desde todos los sectores se le está pidiendo claridad al presidente Peña Nieto. El Gobierno reaccionó diciendo que combate el crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, pero siempre ceñido a lo que establece la ley. También indicó que no es de su política intervenir las comunicaciones de periodistas, defensores de derechos humanos o activistas anticorrupción.

Una de las afectadas por las ‘chuzadas’, la periodista Carmen Aristegui, de CNN en Español, acusó directamente al presidente Peña Nieto de estar detrás del espionaje y pidió saber “dónde está esa información”, “Qué hicieron con ella” y “qué pensaba hacer el Presidente de la República con estos temas”.

No son menores estas acusaciones que el Gobierno mexicano ha intentado meter en el congelador. Casos similares han llevado a la cárcel a altos funcionarios en Colombia e incluso recientemente el expresidente panameño, Ricardo Martinelli, comenzó a ser procesado por hacer uso de dineros públicos para espiar a 150 personas.

Citizen Lab y The New York Times advirtieron que además de la Procuraduría General de la República, entidad que adquirió el Pegasus en 2014, otras dos dependencias del Gobierno mexicano tienen el programa malicioso: la secretaría de la Defensa y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional. Peña Nieto se sostiene en que su Gobierno sí adquirió este tipo de herramientas, pero rechaza que esté detrás de intentos de espionaje.

Al tiempo que los partidos de oposición y las agremiaciones de periodistas han exigido una investigación formal e independiente para establecer los alcances de este escándalo por las ‘chuzadas’, la Procuraduría General anunció que solicitó apoyo internacional, entre ellos al FBI y a la Comisión Internacional de Comunicaciones de las Naciones Unidas, para adelantar las indagaciones respectivas. Sin embargo, muchos dudan de que se adelante una pesquisa real e independiente pues para nadie es un secreto que el actual Procurador le debe su puesto al presidente Peña Nieto.

Hoy los mexicanos reclaman claridad. El Gobierno tiene la obligación de despejar las dudas que se han abierto y determinar con prontitud quiénes estuvieron detrás de la infiltración a periodistas y opositores.