Cambios necesarios

"... el Estado tendrá mejores herramientas para hacer realidad el propósito de cerrar los huecos por donde se cuela la impunidad, a la vez que impulsar una cultura ciudadana más acorde con los tiempos actuales y las nuevas realidades".

Con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, Colombia da un paso importante para actualizar la legislación que castiga conductas y hechos que están causando graves inconvenientes en la convivencia. Lo que sigue debe ser conseguir que esas nuevas normas estén acompañadas de recursos económicos para que cumplan su objetivo. Una vez conciliado en el Congreso el texto final, el Estado tendrá mejores herramientas para hacer realidad el propósito de cerrar los huecos por donde se cuela la impunidad, a la vez que impulsar una cultura ciudadana más acorde con los tiempos actuales y las nuevas realidades. Ya era tiempo de impedir que conductas antisociales como los disparos al aire siguieran causando muertos o heridos a la vez que alteraban la tranquilidad de las comunidades sin que sus autores recibieran una sanción. Como era el momento para castigar el porte ilegal de armas y el abuso con aquellas debidamente amparadas con el rigor que se requiere para preservar la tranquilidad de la sociedad. Igual puede decirse de las actualizaciones a las normas que castigan a lo menores delincuentes, las cuales se habían convertido en monumentos a la impunidad, hábilmente aprovechados por las organizaciones criminales que conocían las falencias de una legislación por lo menos ingenua. Ahora, el cumplimiento de la mayoría de edad ya no es motivo para suspender las penas a que se hicieron acreedores los menores que cometieron crímenes como el sicariato. Y en igual sentido, la nueva ley permitirá castigar con el rigor que merecen quienes usen a los menores para cometer fechorías. La mayor cantidad de preceptos contenidos en la Ley de Seguridad Ciudadana se relacionan con las normas de procedimiento penal. Con ello se ajusta un poco el sistema penal acusatorio, impidiendo que preceptos tan absurdos como prohibir el allanamiento en horas no hábiles conviertan las leyes en aliadas de los delincuentes. Y que se permita que los jueces municipales actúen como jueces de garantías, con lo cual se impide que el rigor para defender los derechos de los acusados siga siendo instrumento para lograr su libertad. Otro tanto debe decirse de los artículos sobre libertad provisional, la casa por cárcel y las medidas que permiten beneficiar a detenidos y condenados. O de la autorización para vender en forma rápida los bienes que sean incautados a los delincuentes, con lo cual se evitará el bochornoso y desmoralizante espectáculo que hoy protagoniza la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y del castigo que se establece para quienes se benefician del comercio ilícito de celulares que se alimenta a su vez por el atraco callejero y detrás del cual existen poderosas asociaciones, al parecer multinacionales. En resumen, la Ley de Seguridad Ciudadana permite esperar una mejor respuesta del Estado a los fenómenos de criminalidad e impunidad que hoy mantienen en zozobra a la sociedad. Y sin afirmar que es la panacea que curará a las ciudades de los males que la aquejan, es de esperar el fortalecimiento de las entidades que, como la Policía y la Justicia, deben dar vida a la intención del legislador.