Cambio en la Fiscalía

"Si bien el Fiscal General ha hecho énfasis en la necesidad de adecuar la entidad a su cargo a los principios establecidos por la Constitución de 1991, los ocho decretos expedidos la semana pasada se refieren en su mayor parte a su reorganización administrativa".

Con el propósito de adecuar la Fiscalía General de la Nación a los desafíos que trae la delincuencia en el Siglo XXI, el Presidente de la República expidió una serie de decretos que transforman su funcionamiento interno. Es el paso necesario aunque no suficiente para despejar las dudas que han surgido durante los 24 años de existencia de la institución más importante para combatir el delito, que en todas sus formas se muestra como uno de los grandes desafíos en la construcción de la convivencia que se logra a través del respeto al ordenamiento jurídico y el castigo a quienes atenten contra los ciudadanos. Desde su creación, la Fiscalía fue presentada como la solución a la crisis que causa la existencia de un sistema inquisitivo donde los jueces investigaban, instruían y fallaban los procesos penales, por el acusatorio en el cual un órgano independiente dotado de recursos y facultades instruye los procesos y los presenta ante la Justicia. Además significó pasar del procedimiento escrito, lento y dispendioso, al oral, donde se supone que se adquiera más agilidad en la aplicación de las leyes y menos posibilidades de impunidad. Sin embargo, esos propósitos han encontrado siempre las dificultades de una Fiscalía que no termina de definir su estructura y modo de operación, de una organización administrativa que defiende principios básicos como la carrera administrativa y la capacitación permanente, y de una crónica falta de recursos que impide cumplir como corresponde las funciones fijadas por la Constitución. De ahí nacen problemas tan graves como la incapacidad de reducir la proporción de crímenes que quedan sin ser aclarados, y lo que importantes expertos se atreven a calificar como el posible colapso del sistema acusatorio en Colombia. Si bien el Fiscal General ha hecho énfasis en la necesidad de adecuar la entidad a su cargo a los principios establecidos por la Constitución de 1991, los ocho decretos expedidos la semana pasada se refieren en su mayor parte a su reorganización administrativa. Que empieza por asegurar la existencia de una verdadera carrera laboral dentro de la institución y el establecimiento de un escalafón adecuado a las necesidades de la misma, y termina con la creación de una entidad educativa que responda a los retos de un país afectado por toda suerte de formas delincuenciales que en no pocas ocasiones han desafiado al Estado mismo. Aunque muchos esperarían un revolcón que sirva para derrotar la impunidad, para castigar al delincuente y liberar cuanto antes al acusado que resulte inocente, hay que decir que la reforma planteada está bien y es un buen principio. Es crear las bases para organizar la investigación y persecución a los delitos y sus autores, entregándoles a los Fiscales la estabilidad y los recursos que, en la medida de lo posible, permitan cumplir la misión que les han encomendado. Y si bien quedará mucho por hacer en el propósito de devolverle la confianza al sistema, por lo menos se puede decir que hay un esfuerzo por darle a la Fiscalía los elementos que requiere para empezar a reconstruir la credibilidad en la Justicia penal de Colombia.