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Cambiar la política

5 de septiembre de 2010 Por:

"El mundo político vuelve a poner sobre el tapete..."

Dentro de las reformas anunciadas por el gobierno de Juan Manuel Santos, la que se refiere a la purificación de la actividad política y el ejercicio de la representación popular es una de las más importantes. De ella depende la credibilidad de la democracia y la posibilidad de cerrarle las puertas a la corrupción que carcome al Estado.En pasados días, el Gobierno instaló una mesa de concertación con los partidos y movimientos que conforman la coalición por la unidad nacional, que representa casi el 80% del Congreso. A la par que se escuchan propuestas como autorizar el voto a los 16 años de edad, ya se habla de asuntos como la eliminación del voto preferente como mecanismo para combatir las microempresas electorales que destruyen la institucionalidad de los partidos y da paso a fenómenos como la parapolítica. Y se vuelve a mencionar la posibilidad de la financiación estatal del 100% de las campañas, con lo cual se supone que no habrá lugar a la alianza entre narcotráfico y política.También se está mencionando la posibilidad de profundizar las sanciones a los partidos que avalen candidaturas de personajes que tengan relación con cualquier tipo de delincuencia organizada. Y desde las bancadas del Polo Democrático Alternativo se vuelve a insistir en la creación de un estatuto de oposición que entre otras cosas les reconozca a quienes no están en el gobierno la posibilidad de elegir los organismos de control y vigilancia sobre la actividad pública.Es decir, el mundo político vuelve a poner sobre el tapete los mismos temas sobre los cuales se ha debatido en la última década. Son asuntos importantes, sin duda, en los cuales se han logrado algunos tímidos avances. Pero no parecen ser los que necesita el país para blindar el ejercicio de la política contra los vicios que lo acechan y para devolverle la credibilidad que debe tener como representación de la democracia. Ni tocan aún aspectos críticos como el desueto sistema electoral y la obligación de cerrar las troneras éticas y jurídicas por donde se cuelan toda clase de maniobras fraudulentas para falsear la voluntad popular.Aún no se habla, por ejemplo, de instituir el voto electrónico, la forma de impedir los fraudes y errores que se cometen en el sistema actual. Ni se menciona siquiera la obligación de combatir la compra de votos, fenómeno que ya está en las grandes ciudades. Es decir, aún subsisten los vicios que permitieron los hechos cometidos en las elecciones del pasado 14 de marzo, denunciados en su momento por el Registrador Nacional y calificados como delitos por los miembros del Consejo Nacional Electoral en reiteradas oportunidades.Es claro que la discusión sobre la reforma a las costumbres políticas para detener el deterioro en su credibilidad que padece la representación popular, aún no se inicia. Pero el país está a la espera de que se tomen decisiones que ya no pueden ser cosméticas. Son decisiones claves para combatir la corrupción que se queda con una tajada sustanciosa de los recursos públicos y aleja al Estado de los ciudadanos. Por eso, el Gobierno y el Congreso tienen ante sí la responsabilidad ineludible de cambiar la política.

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