Bacrim y paramilitares

"Tan paramilitares son las Farc y el ELN como los grupos como el llamado clan Úsuga. Por eso tienen asociaciones entre ellas para explotar rubros como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Ellas se basan en establecer controles territoriales en los cuales ejercen la intimidación, causan daño a la sociedad y destruyen las posibilidades de los colombianos que caen bajo sus execrables dominios".

Los desafíos de organizaciones dedicadas al crimen son el pan de cada día. Pero antes de calificarlas como grupos paramilitares para tratar de vincularlas con el Estado, lo que se debe hacer es perseguirlas para evitar que adquieran el poder de retar a las instituciones e imponer sus dominios mediante la violencia, el terror y el desconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Paramilitar es cualquier organización que use las armas sin autorización de la ley y para cometer delitos. Todas ellas son originadas en intereses ilegítimos, así se cubran con discursos sobre el interés de llenar los vacíos que dejan las autoridades, de colaborar con ellas o de tratar de subvertir el orden para implantar otro régimen. En ese sentido, todas las agrupaciones armadas distintas a las autorizadas por la Constitución y las leyes, deben ser calificadas como paramilitares. Esa aclaración es necesaria en un país como Colombia, donde las múltiples manifestaciones del crimen tienden a ser ejecutadas por grupos, asociaciones y bandas que actúan con el propósito de lograr beneficios económicos. Esas organizaciones, la gran preocupación de los ciudadanos inermes que confían en las autoridades legítimas, deben ser combatidas con firmeza para impedir que vuelvan a sembrar las dudas que no hace mucho llevaron a crear la sensación de que el gobierno democrático basado en las leyes parecía desvirtuarse ante el poder de la ilegalidad.Por eso no es el momento para abrir un debate innecesario. Tan paramilitares son las Farc y el ELN como los grupos como el llamado clan Úsuga. Por eso tienen asociaciones entre ellas para explotar rubros como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Ellas se basan en establecer controles territoriales en los cuales ejercen la intimidación, causan daño a la sociedad y destruyen las posibilidades de los colombianos que caen bajo sus execrables dominios.Sin duda, el país sigue sufriendo por la aparición de agrupaciones dedicadas al crimen que, además, desconocen los derechos de los ciudadanos. Y si bien la Fuerza Pública desarrolla una tarea encomiable, los hechos demuestran que aún no ha sido posible controlar en su totalidad la actuación de la delincuencia organizada. La gran prueba está en el crecimiento de los cultivos ilícitos y en el aumento del narcotráfico, actividades en las cuales las organizaciones guerrilleras han tenido y mantienen un protagonismo inocultable.Por ello no es aceptable que las Farc y el ELN afirmen que el Estado mantiene grupos paramilitares, a la vez que exijan su desmonte como requisito para destrabar las negociaciones que están en curso. Debe quedar claro que en nuestro país no existen grupos de esa naturaleza patrocinados por la autoridad, así algunos integrantes de las Fuerzas de Seguridad hayan tenido vinculaciones que deben ser castigadas. Y que el diálogo no se estableció para poner al Gobierno a rendir cuentas y dar explicaciones de conductas ilegales ante organizaciones que durante cincuenta años ha sido promotoras y beneficiarias de la actividad paramilitar.