Aplicar la ley

Casi siempre que sucede un acto abominable contra los niños o las mujeres, o cuando se presentan delitos como el terrorismo o el secuestro, la propuesta que surge es implantar la prisión de por vida a quienes cometan esos crímenes. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si esa es la solución cuando la impunidad y la laxitud se atraviesan con insólita frecuencia para anular el efecto que se busca con la legislación penal.

El asesinato y el secuestro de menores de edad como los que se han vivido en las últimas semanas son conductas inhumanas. Igual lo son los que se cometen contra las mujeres, los que se realizan con procedimientos que se constituyen una afrenta contra la dignidad humana o aquellos que violan los derechos humanos de cualquier persona. Por ello, la legislación penal impone las mayores sanciones contra sus autores, que pueden ser aumentadas hasta los cincuenta años si los jueces consideran que se cumplen los presupuestos establecidos en las normas.

El criterio para establecer esas condenas empieza por demostrar que esas conductas son inaceptables para la sociedad y que el Estado está facultado para mostrar la decisión de imponer penas ejemplarizantes para los reos de tales crímenes. Pero también tienen en cuenta el derecho a su rehabilitación y a la resocialización, basados ambos en principios universales.

Todo ello funciona si el Estado cumple su papel como debe ser. Es decir, si es capaz de encontrar a los autores de los crímenes, si los procesa conforme a las leyes, si los recluye en los sitios adecuados y si demuestra ante todos los miembros de la sociedad que “el que la hace la paga”, frase que el presidente Iván Duque asumió como uno de los lemas de su campaña para la Presidencia de la República y ahora incorporada en sus programas de seguridad.

Infortunadamente, eso es lo que no pasa en nuestro país. La enorme dificultad para procesar, juzgar y condenar a toda clase de delincuentes ha llevado a que en más del 90% de los casos los procesos penales no terminen en una sentencia. Y se frustran los esfuerzos de las autoridades que persiguen a los criminales mediante recursos como otorgar libertad condicional o casa por cárcel a autores de los peores delitos, cuando no deben ser liberados por el incumplimiento en los términos procesales.

En ese escenario, el problema no es la pena sino la incapacidad del Estado para sancionar a los violadores de las leyes creadas para garantizar la convivencia pacífica y para castigar de manera ejemplar a los infractores. Y la ley se convierte en algo fácil de evadir, en una frustración que en muchos casos lleva a la justicia por mano propia, agudizando la discordia y la violencia.

Por ello, y reconociendo la buena intención que acompaña la propuesta de crear la cadena perpetua contra violadores y abusadores de niños, mujeres o personas en incapacidad de defenderse, bien vale la pena en hacer una reforma integral para lograr que la Justicia y la acción de las autoridades cumplan su papel como guardianes de la sociedad y como enemigos de la delincuencia en todas sus expresiones.