Apariencia y realidad

Octubre 31, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Apariencia y realidad

Las informaciones sobre contratación a través de la Empresa de Renovación Urbana, Emru, son causa de inquietud para Cali. Y son la demostración palmaria de lo necesario que es cambiar el régimen de contratación en Colombia, para cerrar los huecos y acabar la falta de vigilancia que permiten hacer fiestas con los recursos públicos.En las últimas semanas, los colombianos han sido sacudidos por los escándalos que se han destapado en Bogotá, y la manera en que, al parecer, una mafia compuesta por contratistas, funcionarios y dirigentes políticos se ha construido para lucrarse de la gigantesca contratación en la Capital de la República. Independiente de los hallazgos que realice la Justicia, ese ambiente se ha presentado en todo el país, sin que hasta ahora se hayan podido cerrar las troneras por donde se escapan el dinero público y la credibilidad en el Estado.Aunque en Cali no se han producido esos escándalos, sí existe inquietud sobre la manera en que se está obrando. El 15 de noviembre de 2009, El País informó sobre la manera en que la Emru se había convertido en el recurso más expedito para ‘agilizar’ la contratación pública en la ciudad. Justificadas en que se evitaban largos procesos licitatorios que tomaban 90 días o más, las secretarías de la Administración Municipal se dedicaron a firmar convenios interadministrativos con esa entidad, aprovechando las excepciones creadas por la Ley 1150 de 2007, que le permiten aplicar normas del derecho privado. Una clara manera de hacerle el quite a la ley 80 de 1993 y a las normas presupuestales del Municipio.Según el concejal Rodrigo Guerrero, en el 2009 la Emru contrató más de $49.000 millones y apropió $63.000 millones para honorarios “rubro bajo el cual se contabilizó la contratación de obra y consultoría para ejecutar los convenios”. Entre los contratos comentados por una crónica en este diario, en ese entonces se incluyeron temas como organizar elecciones de representantes de predios, realizar encuestas de tránsito para Metrocali o construir casas para centros culturales, adecuar parques y realizar interventorías y asesorías. Para ellos se usaron además la figura de contratos de interés público o de cooperación, mediante los cuales también se realizaron compras de equipos y sistemas informáticos.Todas son actuaciones en apariencia legales. Pero todas ellas dejan grandes interrogantes, como quiera que carecen de una vigilancia efectiva y oportuna que garantice el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos, además de convertir en convidado de piedra al control fiscal. Y producen insatisfacción, como quiera que son mecanismos poco transparentes y permeables, así estén revestidos de legalidad. En estos momentos, el Gobierno Nacional tramita en el Congreso un estatuto anticorrupción con el cual se pueda combatir uno de los fenómenos más destructivos para el Estado y la sociedad. Cabe agregar que lo más urgente es reformar el estatuto de contratación, una colcha de retazos que ha servido para garantizar impunidad y revestir de legalidad actos que son verdaderos atentados contra la Nación.

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