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Febrero 25, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"...Ni siquiera la advertencia del Contralor Departamental sobre la imposibilidad del ente departamental para cumplir el Marco Fiscal de Mediano Plazo sirvió para detener la aprobación de la ordenanza con la cual se autorizó el negocio".

De concretarse el anuncio del Gobernador del Valle sobre la casi segura liquidación de los contratos para ejecutar el programa de las vigencias futuras, se habrá logrado un paso definitivo en el rescate del Departamento. Y se dará fin a un afán absurdo por adquirir compromisos gravosos para el tesoro público apoyados en planes improvisados que no consultan las realidades de la comunidad vallecaucana.Desde su inicio, las malhadadas vigencias futuras tuvieron un desagradable olor clientelista. Apoyado en la disculpa de aplicar el modelo keynesiano de generar empleo mediante la inversión pública, el gobierno del destituido gobernador Juan Carlos Abadía y su secretario de Hacienda, Ezequiel Lenis, montó un apresurado proyecto de inversiones que sería financiado por contratistas. Una especie de concesión con costos financieros exorbitantes que sería pagada en los próximos diez años con los escasos recursos del ente departamental. Al revisar el proyecto aparecieron sorpresas. En muchos casos no era sólo construir obras públicas de carácter general que beneficiaran a todo el Valle, sino una suma de pequeñas obras regadas en todos los municipios, muchas de ellas sin diseños y sin el conocimiento de los supuestos beneficiarios. En otros, se trataba de proyectos tan gaseosos como la educación para la seguridad, que no pueden considerarse como inversiones en el sentido que exige la norma que autoriza a los órganos del Estado a contratar mediante el mecanismo de las vigencias futuras. Todo ello fue conocido por la Asamblea del Valle en su momento. Pero pesó más el poder del Gobierno Departamental, con el cual se construye lo que hoy se llama “gobernabilidad”. Ni siquiera la advertencia del Contralor Departamental sobre la imposibilidad del ente departamental para cumplir el Marco Fiscal de Mediano Plazo sirvió para detener la aprobación de la ordenanza con la cual se autorizó el negocio. De esa manera, el Departamento quedó condenado a asumir una deuda de $650.000 millones con un costo financiero que le implicaría tener que pagar más de $1,5 billones al finalizar su amortización.Entre las muchas rarezas que tiene, el plan incluyó la obligación de los contratistas a los que les adjudicaron los proyectos de asumir el pago de una comisión al estructurador, el 2% del valor total del proyecto, que equivale a $13.000 millones. Algo inédito en la contratación pública que, sin embargo, fue adoptado, para dar a entender que ese costo no sería pagado por el tesoro público. Por fortuna, y como lo reveló el gobernador Francisco José Lourido, los tres contratistas no pudieron realizar el cierre financiero y aceptaron negociar la terminación de los contratos.Como consecuencia de las anormalidades que se presentaron en el proceso de las Vigencias Futuras, el ente departamental deberá cancelar una suma importante para terminar los contratos, en caso de que se logre el acuerdo anunciado por el Gobernador. Lo cual liberará al Departamento de un compromiso que, además de no resolver los problemas de los vallecaucanos, produciría una crisis de proporciones catastróficas en las finanzas departamentales y en la capacidad para prestar los servicios públicos que están a cargo del Valle.

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