Amenaza pública

Más que un delito aislado que solamente produce consecuencias para sus víctimas, el robo de celulares es una acción contra la sociedad que crea en ella la percepción de inseguridad en las calles y lleva a cuestionar la acción de las autoridades en su obligación de proteger a los ciudadanos de los delincuentes. Por ello es preocupante el crecimiento en las estadísticas de robos de esos aparatos y lo difícil que resulta su control.

Ante el impacto que crea el robo de celulares, el Gobierno emitió normas que obligaron a registrar los números que identifican los dispositivos y en conjunto con los operadores y las autoridades locales se desarrolló una intensa campaña para el efecto. El resultado, según el Ministerio de Comunicaciones, es que 49 millones de celulares han sido registrados, ya sea por las empresas operadoras o por los propietarios, con lo cual se lograron bloquear casi diez millones en los casi dos años de vigencia de las normas sobre el particular, tres millones y medio de ellos por hurto o extravío.

No obstante, la Fiscalía General de la Nación acaba de emitir una alarma porque el robo aumentó en un 76% durante los seis meses del presente año, con respecto al mismo período del 2016. Según el organismo, es el delito que más crece en Colombia, o por lo menos, el que más se denuncia, lo que da a entender que no parecen suficientes las medidas que se han tomado para combatir el flagelo.

Y no debería ser así, al juzgar por los buenos resultados que arrojaron las campañas de registro. Mas aún, si se tiene en cuenta el esfuerzo que ha desplegado la Policía Nacional al identificar y perseguir las bandas de ladrones y al realizar allanamientos frecuentes a los sitios donde se almacenan o se venden los celulares robados. Al parecer, la habilidad de los delincuentes y la colaboración de algunos empleados de las operadoras se conjugan con la demanda de muchos compradores que no parecen tener en cuenta la necesidad de cerrarles el mercado a los vendedores ilegales.

Pero hay algo más que parece estar atentando contra las medidas tomadas por el Estado. A pesar de la colaboración internacional, no es secreta la existencia de verdaderas organizaciones multinacionales que se encargan de sacar los aparatos robados, de limpiar sus antecedentes y de comercializarlos en los demás países, en especial, de Suramérica. Son mafias que reciben ganancias enormes, las que en muchas ocasiones se benefician de complicidades o de la falta de decisión para impedir y castigar sus fechorías.

La situación puede calificarse de desconcertante para las autoridades. Y para los usuarios de celulares, debe producir alarma, puesto que esos robos han dado paso a la violencia que causa lesiones y hasta la muerte en no pocas ocasiones. No obstante, queda la obligación de redoblar los esfuerzo.

Por ello, además de pedir a los usuarios prudencia en el uso de los celulares y colaboración contra los delincuentes, es necesario aumentar la persecución a un crimen que, no sobra repetirlo, está en el origen mismo del incremento en la percepción de inseguridad de los colombianos.