A superar los problemas

A superar los problemas

Mayo 22, 2018 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Por culpa de los posibles delitos de los cuales se acusa a uno de los negociadores de las Farc, la situación del acuerdo, su aplicación y el papel que debe cumplir la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, parecen entrar en un momento de incertidumbre. Buscar soluciones que lo salven sin que ello implique cambios a lo acordado o se produzcan más reformas o interpretaciones que afecten el ordenamiento jurídico colombiano, debe ser la tarea más urgente.

Según lo establecido en el artículo 19 del Acto Legislativo 01 de 2017, cuando se trate de un proceso de extradición, a la JEP sólo le corresponde verificar si el delito se cometió antes o después del 2016. Y si verifica que es posterior a ese fecha, no tiene ninguna facultad para juzgar a un reincidente, como no la tiene ahora para pedir pruebas del delito y revisar de fondo los hechos que vinculan a ‘Jesús Santrich’ con tráfico de narcóticos, ni para actuar de la manera en que lo hizo con la solicitud de la Justicia de los Estados Unidos que, valga la oportunidad precisar, aún no es un hecho oficial.

Esa interpretación de la JEP ha sido rebatida por la Fiscalía General de la Nación, por la Procuraduría, por el Gobierno Nacional y por muchos juristas, reconociendo en todos los casos que ese Tribunal no actuó conforme a las normas y los acuerdos. Otra voz es la que expresó la Presidenta del nuevo tribunal, quien en declaraciones del pasado lunes afirmó que esa facultad sí la tienen, dando a entender que el país debe prepararse para los cambios que salgan de la nueva jurisdicción.

También se sabe que en el Congreso cursa un proyecto para establecer el código de procedimiento para la Jurisdicción Especial, basado en una propuesta salida del propio Tribunal. Y en medio de sus discusiones se conoció la posición de las Farc en la cual solicitan cambios a lo acordado sobre el tema y reformas a la propuesta que está en manos del Legislativo, insinuando una posible ruptura en caso de que no sea aceptada su posición.

Como era de esperarse, se ha presentado una diferencia nacida de los hechos que dieron lugar a la captura de alias Jesús Santrich con propósito de extradición, su huelga de hambre y el reclamo de su partido para que no se le aplique lo acordado en La Habana para reincidentes y lo dispuesto en el acto legislativo con referencia a la extradición por delitos cometidos después del primero de diciembre de 2016. Y la confusión aumenta porque ni durante la época en que rigió el ‘fast track’ ni en la legislatura ordinaria se ha podido aprobar la reglamentación o código de procedimiento que rige a la JEP.

¿Qué hacer entonces? Lo primero debe ser respetar la institucionalidad, que incluye acatar lo acordado con las Farc en materia de reincidencias y de extradición y la aprobación del reglamento de la JEP. Y después, tratar de salvar el proceso que llevó a la desmovilización de la guerilla y su reintegración a la sociedad colombiana, luego de cumplir requisitos aceptados por sus dirigentes. Ese es el desafío, que no puede implicar más concesiones ni retrocesos que aumenten las dudas de la Nación.

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