A debatir el Fuero Militar

Con la decisión de retirar el artículo sobre el Fuero Militar de la reforma a la Justicia, el Gobierno toma una decisión no sólo esperada para quitarle distractores a la reforma sino también necesaria para enfrentar un asunto que responde a las realidades de Colombia.

Con la decisión de retirar el artículo sobre el Fuero Militar de la reforma a la Justicia, el Gobierno toma una decisión no sólo esperada para quitarle distractores a la reforma sino también necesaria para enfrentar un asunto que responde a las realidades de Colombia. Se abre así la posibilidad de darle el debate profundo que demanda un tema crucial para despejar las dudas, los vacíos y las interpretaciones sesgadas de una jurisdicción reconocida en todo el mundo. Es el debate que toda Colombia está esperando para aclarar de una vez la forma en que serán juzgados lo militares acusados de delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, ni más ni menos que la defensa del Estado, y la garantía de seguridad para los colombianos. Y la manera en que se les devolverá a esos servidores públicos la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa sin que, como ha venido sucediendo, se apliquen sesgos ideológicos en su juzgamiento. Los anuncios del Ministro de Justicia indican que el Gobierno ha escuchado las recomendaciones de la comisión asesora que designó para estudiar el asunto de la Justicia Penal Militar, compuesta por profesionales conocedores de una realidad indiscutible, la necesidad de tener una Justicia adecuada a la actividad que por sus propias características reclama tratamiento adecuado. Porque no es lo mismo investigar y juzgar un acto realizado por un ciudadano del común que aquel que comete un servidor público autorizado a portar armas y obligado a usar la fuerza si es necesario para mantener el orden público o repeler y perseguir a los enemigos de la sociedad. Está claro también que esa justicia especial no se aplicará a delitos atroces y todos aquellos que atenten contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Es la aplicación de un precepto aceptado por siglos en todos los países donde se respeta un Estado basado en el acatamiento a las leyes. También se conoce que el Gobierno pretende aprovechar el proyecto para establecer diferencias entre el juzgamiento de actos realizados por los Militares y aquellos cometidos por miembros de la Policía Nacional.Como bien lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, nadie puede decir que tal decisión es un retroceso en el respeto a esos principios que aseguran la supervivencia de la civilización e impiden los abusos de la fuerza. Pero sí les ofrece las garantías necesarias de objetividad y conocimiento al momento en que sus hechos sean revisados por la Justicia, sin que ello implique que oficiales de menor rango se encarguen de juzgar a sus superiores, como se ha insinuado para oponerse al proyecto. Así se empieza a despejar la verdad del Fuero Militar en nuestro país, cuya indefinición ha creado confusiones manejadas desde varias ONG y en no pocos estrados judiciales como instrumento para demeritar la labor de la Fuerza Pública y de sus integrantes. Al final, cuando el proyecto sea presentado ante el Congreso, cuando se haya debatido y aprobado como ordena la Ley, Colombia habrá dado un gran paso que reafirmará la confianza, el respeto y la credibilidad de sus instituciones militares.