A dar ejemplo

Los graves escándalos que han rodeado los Programas de Alimentación Escolar, PAE, en Colombia tocan a la mayoría de las regiones. Ahora se cuestiona al Valle del Cauca, lo que lleva a pedir que se hagan las investigaciones y que el Departamento dé ejemplo de transparencia.

En la memoria están frescas las imágenes de los niños de la escuela Sagrado Corazón de Aguachica, Cesar, que se pasan entre ellos un plato de refrigerio bien dotado, mientras la contratista le toma una foto a cada uno. Luego, en un acto de valentía, una maestra toma el video donde se ve lo que en realidad es la ración, una pequeña tostada de plátano, entregada en la mano sin las mínimas condiciones de higiene, a la que le ponen tres hilachas de pollo.

Ese es uno entre cientos de casos denunciados en la Costa Atlántica, en el Chocó, en Arauca, en Santander, en fin, en los diferentes rincones de la Nación. Y es la historia que se vive con programas como el de la alimentación carcelaria. El denominador común, además del incumplimiento de las condiciones exigidas en cuanto a nutrición, calidad, disposición y presentación de las comidas son los señalamientos de corrupción y clientelismo en la adjudicación de los contratos.

Es un secreto a voces que el PAE se convirtió en el puente a través del cual muchos alcaldes, gobernadores, concejales o diputados pagan favores a quienes apoyan sus campañas, cuando no la fuente para financiarlas o para su enriquecimiento personal. En ese programa han aterrizado empresas recién creadas que no tienen ninguna experiencia en nutrición escolar o que cambian de objeto y razón social para obtener los contratos.

Los niños y jóvenes en edad escolar son las primeras víctimas de las trampas en la contratación en su alimentación. Si algo se buscó con un programa que tiene las más loables intenciones, fue brindarles a los estudiantes de escasos recursos la posibilidad de tener al menos una de las comidas al día y evitar su deserción por hambre.

La otra víctima son las finanzas locales y departamentales. Según la Contraloría General de la Nación, frente a las denuncias hechas a principio del 2016 y la lupa que se puso sobre la calidad de la alimentación escolar, la solución en muchos casos fue subir el monto de los contratos, que según el ente de control, está acaparado por menos de 10 empresas. Así se habría causado un detrimento patrimonial en 24 departamentos por $ 62.488 millones, es decir el equivalente al 10% del total del presupuesto del Ministerio de Educación.

Si en el Valle se han presentado esas mañas corruptas en el pasado, es el momento de tomar la iniciativa y cambiar los mecanismos de contratación, darle transparencia para garantizar que las ofertas sean las mejores y combatir las prácticas clientelistas. Quien tiene hambre difícilmente podrá estudiar o rendir en el colegio. Por eso garantizarles a los niños y jóvenes en edad escolar una buena alimentación debe ser un propósito del Gobierno departamental.