Ya son 47, o más, ¿y...?

Ya son 47, o más, ¿y...?

Octubre 29, 2017 - 11:55 p.m. Por: Víctor Diusabá Rojas

Algo falla en este país cuando ante la muerte violenta de 47 personas lo único que se sabe es que a casi la mitad de ellas las mataron “enemigos personales” (de quienes no se sabe nada), y el resto fue víctima, se presume, de grupos armados al margen de la ley. Y algo anda peor, si no hay certeza de que esa sea la cifra exacta de víctimas. O que, al menos a ella misma, haya que sumarle otra lista, esa siempre invisible y paralela de los desaparecidos.

Pero incluso eso mismo se puede ver más feo si el Gobierno Nacional reconoce que todos ellos tenían cierto carácter de liderazgo en las regiones donde vivían. Y que, oh casualidad (una más), esos mismos lugares están en las zonas delimitadas para las circunscripciones especiales de paz en la Cámara de Representantes, donde, además, hay alta presencia de cultivos ilícitos.

Decir en consecuencia que hay una campaña de exterminio contra ellos sería una tesis muy probable. Pero, claro, quien sale a responder es el propio Presidente de la República y no es correcto que de su lenguaje formen parte especulaciones o hipótesis. Más aún cuando son los avances (?) en las investigaciones los que permiten aseverar solo eso primero: que se sabe muy poco de causas y autores.

En ese sentido, pienso que salir a decir eso tan gaseoso (como sucedió la semana pasada por parte del primer mandatario) y no decir nada, es lo mismo. Otra cosa pensarán sus asesores, que seguramente le recomendaron dar alguna muestra de presencia y de interés gubernamental, sobre todo en procura de dar un mensaje de que aquí andamos, poniendo el pecho.

Toda una teoría de comunicación, quizás válida para otras circunstancias, pero jamás para esta. Aquí, lo debería saber el gobierno, hablamos de vidas. De muchas vidas perdidas, habría que decir; y de otras que corren grave peligro si no se hace nada ya.

Porque, y ahí hay un agravante más, muchos de los asesinados quizás podrían haber corrido otra suerte. De hecho, como pasó con las tres últimas víctimas, trabajaban en proyectos de desarrollo alternativo, de la mano del Estado, para conseguir que los lugares donde habitaban pudieran dejar atrás un pasado de ilegalidad en el que se levantaron varias generaciones.

Miguel Pérez, uno de los 47, vivía en Tarazá, en Antioquia. Era el presidente de la Junta de Acción comunal de su vereda, que igual se llama La Unión o El Socorro, depende de donde usted venga y para donde vaya. Había convencido a su gente de echar pico y pala para arreglar los 19 kilómetros de trocha que les permitirá (no digo que les permitiría, porque sus vecinos lo enterraron y siguen empeñados en hacer allí un camino decente) sacar la naranja, la guayaba y el maíz, más otros productos que se dan allí, porque no todo es coca.

Sus verdugos vinieron por él y se lo llevaron para siempre. ¿Quiénes eran? ¿Acaso, los mismos que apagaron por esos mismos días las existencias de Aulio Isarama Forastero, el gobernador indígena de su resguardo en el Chocó, y de José Jair Cortés, en Tumaco?

Eso es lo que no se puede reducir a una simple declaración. Y eso es lo mismo que la Fiscalía General de la Nación debe aclarar pronto, ojalá desde 44 víctimas atrás que les precedieron a ellos tres, aunque no está mal que comience con los dirigentes que cayeron el año pasado. Todos, parte de eso que desde Bogotá se empeñan en llamar “no sistemático”, pero que tiene toda la cara.

Y es que -con proceso de paz o sin él- sigue viva esa percepción en el seno de nuestra sociedad de que los muertos de esa Colombia distante son mera estadística, el primer paso para evaporarlos de la memoria. Muertos de segunda o de tercera, sobre los que se presume cualquier cosa, con tal de salir del paso, como de costumbre.

Sigue en Twitter @VictorDiusabaR

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