Tumaco, y más allá

Volver a Tumaco es encontrarse con Juan*, el hombre de 56 años que dice tener nueve hijos, mientras con sus manos grandes abre paso a una tubería. Otros surcos, esos del paso del tiempo que le marcan el rostro, son cosas de la vida. Sobre las que prefiere callar, porque lo suyo es el silencio. “Ciego, sordo y mudo, como la canción”, dice, “esa es la clave aquí si uno no quiere tener problemas”. Juan* se va, no sin reconocer antes que de un tiempo para acá las cosas andan más tranquilas en el puerto, “quién sabe hasta cuándo”.

Según datos oficiales, entre el 1 de enero y el 13 de mayo de 2019 (es decir, hasta la semana pasada) iban nueve homicidios en el puerto. En el mismo periodo de 2018, se registraron 51. Una asombrosa reducción superior al 80 por ciento.

¿Las razones? La acción de la ‘Fuerza de Tarea Conjunta Hércules’ y sus miles de hombres. “Sería miope no reconocerlo”, dice un hombre que conoce bien el tema. Aparte de los efectivos resultados de un plan de seguridad de la Policía Nacional y de la administración local.

“Aunque, dice la misma fuente, hay otra causa y más determinante: el pacto entre bandas”.

En ese sentido, el portal La Silla Vacía publicó en febrero de este año un artículo titulado ‘Tumaco sin homicidios o la paz mafiosa’, donde cuenta cómo los disidentes de las Farc ‘Frente Óliver Sinisterra’ (Fos) y ‘Guerrillas Unidas del Pacífico (Gup) firmaron el 13 de diciembre pasado un pacto de no agresión, por iniciativa de líderes de la comunidad.

Un acuerdo que, dicen quienes lo corroboran, se cumple y parece evitar ataques a la Fuerza Pública. “Ahora son contadas ese tipo de acciones, cuando antes eran lo más común”, agregan.

Eso, que Tumaco ande a la baja en temas de violencia es una buena noticia para sus habitantes y en sus ingresos. Al menos, el turismo deja ver que goza de buena salud. ¿Hasta cuándo la tranquilidad? Como dice Juan*, ya se verá qué viene después (Medellín tiene mucho que contar a ese respecto).

Otra cosa muy diferente es la situación actual de otros municipios de la región y de sus corregimientos, veredas y Consejos Comunitarios. Allí, quienes ahora mandan (“ya ni siquiera sabemos quiénes son”, dice un ciudadano que habita en uno de esos lugares) dan permisos para transitar solo entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, mientras incurren día y noche en todo tipo de abusos y atropellos.

Ese drama lo conocen entidades oficiales que pronto lo harán conocer al país. Ojalá el día en que esos partes de intranquilidad vean la luz, esta sociedad se detenga en ellos y no los convierta en simple paisaje.

En esos sitios la presencia del Estado es casi nula. Y peor aún cuando la Justicia no se deja ver. O es muy parcial, tal cual lo enseña el ‘Mapa de Actores de la Justicia y Sociedad Civil’, promovido por el ‘Programa de Justicia para una Paz Sostenible’ y hecho público a finales de 2018, sin que haya tenido mayor eco.

Por ejemplo, los casi 15 mil habitantes de Santa Bárbara de Iscuandé no tienen acceso directo a Fiscalía General, Policía Judicial y Medicina Legal. Si las llegan a requerir, deben hacer fila en El Charco, a donde también deben concurrir los de Olaya Herrera (30 mil habitantes), La Tola y Mosquera. ¿Cuál puede ser la suerte de un caso o de un proceso abierto allí?

Podríamos seguir con los dramas de Barbacoas, Magüí Payán, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, Francisco Pizarro y otros, víctimas también de olvido y abandono.

Pero en Colombia el actual debate por la Justicia es otro, ese vulgar de hacerse a las instituciones para manejarlas a su antojo y para su provecho. Y no el que hay que dar sobre la verdadera crisis, esta misma que padecen millares de colombianos como ellos, estigmatizados y relegados por su eterno pecado de vivir lejos del centralismo.

*Nombre cambiado.


​Sigue en Twitter @VictorDiusabaR