¿Delito de teclado?

Noviembre 10, 2014 - 12:00 a.m. Por: Víctor Diusabá Rojas

“Alguien que apoyaba la tortura al pueblo vasco no merece ni un mínimo respeto. Miguel Ángel Blanco hijo de p…”, en alusión al concejal del Partido Popular, asesinado en España por Eta en 1997.“¿Alguien puede pegarle un tiro en la nuca a la Infanta?”, a propósito de Cristina, hija de Juan Carlos de Borbón, ahora acusada de dos delitos fiscales. “Una bomba en el coche oficial de (Mariano) Rajoy y otra en el de (Alfredo Pérez) Rubalcaba”, en dirección de las cabezas visibles del PP y el Psoe.¿Sus autores? Ciudadanos de ese país, menores de edad entre ellos, dispuestos a hacerse sentir, y notar, en redes sociales y foros abiertos. Ahora están tras las rejas. Se les acusa de hacer apología al terrorismo. Las autoridades tienen a la mano las pruebas: esos mismos mensajes. Sus autores pretendieron ocultarse bajo seudónimos. Las huellas imborrables de sus equipos los delataron.Para la Justicia española, ese mensaje sobre la suerte de concejal asesinado es un “acto vejatorio de una víctima del terrorismo” que tiene castigo. A los otros dos les podrían abrir causas por instigar a cometer atentados. No son los únicos. Desde abril, en dos redadas, ya van 40 detenidos, aunque no todos los autores de mensajes de ese corte van a terminar ante los tribunales. Tampoco es posible ni es la idea, dice la Policía, que centra su objetivo en “el escarmiento”.¿Es solo eso o, en el fondo, de lo que se trata es de acallar las voces de inconformismo de un país en crisis? Allá, o aquí, y en cualquier lado, hay apenas un paso entre ese propósito de disuadir a los violentos en internet y el uso del mismo recurso con otros fines, uno, la persecución política. Eso sí, otra cosa es el tono de los mensajes de esos internautas. Se les fue la mano. Está bien poner el dedo en la llaga de la corrupción, pero pedir lo que se pide para la Infanta…Si solo es un comentario en Internet, dirán algunos. He ahí el problema. Para los jueces equivale a pararse en una plaza pública y alentar, por ejemplo, un atentado ante miles de personas (digamos, la audiencia de la página web de un medio de comunicación), tras una máscara.¿Máscara? Qué va. Como dice un comentario editorial de El País de España: “Un alias (en internet) no tiene ni siquiera (para los investigadores) el grosor de la ventanilla de un automóvil. Y lo que es delito en la calle también lo es en un teclado. En un país democrático no se puede amenazar impunemente en Internet”.En Colombia, no podemos quejarnos. Vean estos comentarios de los últimos días en diferentes medios (los transcribo tal cual aparecieron): - “¿Y quien dijo que esta (senadora) narco-paramilitar (…) es víctima de nadie? - “…el asesino de (alcalde) quiere que esta personas vivan de igual con los de estrato alto (…) pero que no le quiten lo que el a robado…”. - “…y que diferencia con (expresidente) el para-narco-terrorista-delincuente que desapareció a más de 10 falsos +, desplazó a más de 5 millones…”.- “Ayy colombianos...porqué seremos tan lentos (…) y sacar de una vez por todas y derrocar al presidente...”.Dirán sus autores (como ven, de todos los extremos) que, a diferencia de España, Colombia sí tiene libertad de expresión. Pero no es sobre esos mensajes (en los que aparecen instigaciones de todo tipo) que se edifica una sociedad pluralista. Todo lo contrario. Y menos, en medio de nuestra polarización.Aunque tampoco es sana, en términos de democracia, la cacería oficial de unos pocos que disparan desde su frágil anonimato, a no ser que sea estrictamente necesario si una investigación de fondo así lo amerita.Como siempre, la verdadera libertad de expresión está en el buen ejercicio de la autorregulación.

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