Lo que nos costará

El 28 de abril, cuando se convocó una gran jornada de protesta en Colombia para rechazar una reforma tributaria que no tenía ninguna razón de ser, buena parte del país alzó la voz para pedir que se retirara el proyecto presentado al Congreso. En ese momento compartí el inconformismo general y me pareció válido escuchar principalmente a los jóvenes con su preocupación por la falta de oportunidades educativas y laborales, pidiendo que como le corresponde a cualquier Estado democrático se cerraran las brechas sociales que son evidentes en toda la Nación y exigiendo acabar con la corrupción, el mal mayor de nuestro país.

Luego vinieron dos meses de desmadre con vandalismo, violencia e inseguridad, con excesos imposibles de negar y con el miedo rondando las calles y los hogares. El desgaste de la protesta llegó pronto, se desvirtuó el propósito inicial y quedaron demostrados tanto la falta de cohesión como de un objetivo común entre quienes se empecinaron en continuar por las vías de hecho. Tampoco se puede negar que hubo intereses y financiación para que el caos se mantuviera y la ciudad quedara bajo el yugo de la anarquía.

El lunes de esta semana, cuando se cumplían dos meses de ese primer día de protesta nacional, se anunció el levantamiento del último sector bloqueado en Cali. Algunos puntos fueron recuperados en las semanas anteriores por la Fuerza Pública, otros desalojos se hicieron a través del diálogo y unos más sucumbieron al cansancio de quienes estaban ahí apostados y a los reclamos permanentes de las comunidades que quedaron sometidas. Ahora se asegura que la protesta continúa en la ciudad pero se concentrará en buscar y ojalá encontrar consensos a través del diálogo. Es decir, lo que se debió hacer desde el principio.

Ya en este punto que a nadie se le ocurra proponer otro cierre ni un bloqueo más. Las heridas que han quedado son profundas y ahora lo que se tiene que hacer es sanarlas y conseguir que cicatricen bien para que no se vuelvan a abrir. El costo es alto; en primer lugar la sociedad se tiene que reconciliar, lo que no es fácil cuando existen tantas ciudades tan diferentes en una sola, como sucede en Cali. Ahí es cuando es importante que aparezcan propuestas como Compromiso Valle, en la que participan entidades, empresarios, ciudadanos, que suman y suman para hacer la diferencia. Y que se les ayude a quienes generan empleo, a las industrias y empresas, a los emprendimientos, que tuvieron pérdidas por 3,5 billones según Acopi Valle y debieron cerrar 60.000 puestos de trabajo.

Y hay que reconstruir físicamente la ciudad, lo que significa que recursos que debían dedicarse a mejorar las condiciones de vida de los caleños, a las inversiones en infraestructura que requiere la capital del Valle y a terminar tantas obras inconclusas, ahora deberán irse a reparar los buses y las estaciones del MÍO destruidos o vandalizados, a arreglar los centenares de semáforos dañados, a recuperar las cámara de vigilancia y las de fotomultas que ayudan en la lucha contra la delincuencia y contra los infractores, y a regresarle la normalidad a la ciudad cuanto antes.

Todo ello nos costará miles de millones, como los $80.000 que deberán destinarse al MÍO o los $7500 para los semáforos. Ojalá que se vean en todo eso los $650.000 millones del empréstito autorizado a la Alcaldía, que al final pagaremos los caleños, y que seguimos sin saber a dónde irán a parar. ¿Será mucho pedir que no se vaya a los bolsillos de los más vivos y que las entidades de control hagan la vigilancia que les corresponde?

Esta es la hora de la verdad para Cali. El que deba responder por lo sucedido que lo haga, incluso si es el alcalde Jorge Iván Ospina quien hoy rinde indagatoria ante la Fiscalía por su actuación frente a la crisis de orden público que se generó en la ciudad. Y que comience la reconstrucción social, económica y física que demanda una ciudad que se merece estar reconciliada como sociedad y avanzar para conseguir un mejor futuro para todos.
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