6024455000Déjà vu
La ley permite que se firmen convenios interadministrativos, pero la ética indica que cuando se trata de los recursos públicos, lo más conveniente y transparente es recurrir a los procesos de licitación
¿No les ha pasado que llegan a un lugar y sienten que ya lo conocen o han vivido ahí la misma situación una y otra vez? Eso que en francés llaman Déjà vu me sucedió cuando me enviaron la copia de un decreto firmado hace poco por el Alcalde de Cali.
Radicado con el número 4112.010.20. 2061 de 2020 y “Por el cual se delegan funciones en materia de contratación a la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali”, dicho decreto autoriza la firma de un contrato interadministrativo entre esa dependencia y la Imprenta Departamental, que ahora se llama ‘Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Impretic’s EICE’.
El monto es por $5.743 millones y el objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos en el mantenimiento preventivo y/o correctivo a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica y sistema integrado de emergencias y seguridad SIES del distrito de Cali, incluyendo el suministro de equipos y ampliación de componentes de videovigilancia”.
No voy a hablar de la legalidad de esos convenios entre entidades públicas o mixtas, porque sí se pueden hacer. Pero el quid del asunto no está ahí. Lo que no termina de encajar es que se suscriban con empresas o instituciones que no tienen la experticia en los objetos de los contratos o que se utilicen para evadir los procesos de licitación que tienen como fin darles mayor transparencia, posibilitar la participación de oferentes que cumplan los requisitos necesarios y que se garantice invertir bien los recursos públicos.
Pero en la Administración de Jorge Iván Ospina, la actual y la anterior, se hizo costumbre recurrir a esa figura. Durante su primera alcaldía, 2008-2011, según la Contraloría de Cali se ejecutaron bajo dicha modalidad 103 contratos por $244.494 millones.
Paso a refrescarles la memoria con ejemplos como el convenio firmado con la Sociedad de Mejoras Públicas para la construcción de un centro de reciclaje, con el que se debía cumplir una Sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba buscar una alternativa laboral a los 677 recicladores que vieron afectado su sustento con el cierre del basuro de Navarro. A la Sociedad se le entregaron $1100 millones, se le delegó la ejecución del proyecto pese a su falta de experiencia y la obra nunca se terminó.
Con la Empresa de Renovación Urbana, Emru, fueron 34 convenios por valor de $81.000 millones los firmados por esa época, en su mayoría destinados a enlucimiento de la ciudad. En lugar de ejecutarlos directamente, la Emru subcontrató con decenas de personas o empresas, lo que llevó a los organismos de control a abrir investigaciones por violación de normas de contratación pública y a investigar a ocho funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal.
La joya de la corona fue el contrato con el Fondo Mixto de Promoción del Deporte en el Valle para la realización de las obras en el Estadio Pascual Guerrero, las mismas que se harían con $28.000 millones, al final costaron más de $100.000 millones y por las que aún hoy el alcalde Ospina es investigado.
Por ello el Déjà vu que me causó el decreto con el que se autoriza contratar con la Imprenta Departamental, entidad que según veo en su página web, ofrece servicios de plan de medios, impresos y material POP, suministro de insumos y equipos de oficina, facturación integral a entidades del Estado, gestión documental e interventorías. No veo que en esos servicios quepa “el mantenimiento a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica y sistema integrado de emergencias y seguridad de Cali”, o el “suministro de equipos de videovigilancia con su respectiva instalación, integración, configuración y mano de obra”.
Insisto, la ley permite que se firmen convenios interadministrativos, pero la ética indica que cuando se trata de los recursos públicos, lo más conveniente y transparente es recurrir a los procesos de licitación. Más cuando hay antecedentes, como los de la primera alcaldía de Jorge Iván Ospina, que terminaron en fracaso, cuestionados, fueron onerosos para los caleños y objeto de procesos disciplinarios y penales.
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