¿Ahora sí?

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, es un viejo conocido en la Procuraduría, las Contralorías, la Fiscalía y cuanto ente de control de lo público existe en Colombia.

Por cuenta de las actuaciones en su pasada administración y de otras más sucedidas en su segundo mandato que inició el 1 de enero de 2020, a Ospina se le han abierto cerca de un centenar de procesos en esas ‘ías’ por hallazgos tan variados como presunto detrimento patrimonial, corrupción, participación en política, prevaricato por acción, contratación sin llenar los requisitos legales y un amplio etcétera.

Hasta ahí uno podría pensar que esos entes han sido eficientes a la hora de tramitar las denuncias e investigar de manera juiciosa, como les corresponde, al alcalde de los caleños. Pero no. Nada más lejos de la realidad.

Si se tienen en cuenta los resultados finales de la mayoría de los procesos disciplinarios o penales instaurados contra el mandatario, la impunidad ha triunfado.

Por ejemplo, de los 73 casos que abrió la Procuraduría antes del 2020, cinco terminaron en fallos absolutorios, tres en inhibitorios, dos nunca se abrieron y en tres tuvo sanciones -una de ellas fue una suspensión en el cargo por dos meses, como quien dice pena mínima-. Los demás se archivaron por vencimiento de términos, que es la manera como la mayoría de los investigados se salvan de la Justicia en Colombia.

Caso similar pasa con las acusaciones en la Fiscalía General de la Nación, donde cursan contra Ospina varios procesos, como el de los sobrecostos de las obras de remodelación en el estadio Pascual Guerrero. Al ente acusador volvió el caso en el 2018 luego de ser trasladado a la Corte Suprema de Justicia cuando el hoy mandatario fue senador -valga aclarar que ahí tampoco se adelantó nada-.

¿Qué ha pasado desde entonces? Averígüelo Vargas. Nadie dice nada, no se sabe si la investigación también se archivó o si avanza para ratificar lo que para los caleños es evidente desde el momento en que se destapó cómo fue el convenio interadministrativo y se conocieron los sobrecostos que llevaron a pagar por esas obras cinco veces más de lo presupuestado.

Por todos esos antecedentes es la incredulidad que hay en Cali y en el Valle sobre la actuación de la Procuraduría, las contralorías y la Fiscalía en los nuevos escándalos que involucran a Jorge Iván Ospina, a su administración, a Emcali, a familiares suyos, a políticos de la región, a organizaciones clientelistas, para nombrar a algunos y para no alargar más la lista.

Tan grave como lo que pasa en la capital del Valle, que por supuesto no es exclusivo de esta ciudad ni de nuestro departamento, es la demostrada ineficiencia de los entes de control -ya sea por los intereses políticos para los que funcionan o por la incapacidad manifiesta que se convirtió en su sello distintivo-.

De eso ya nos cansamos los caleños. De que unos gobernantes malos, cínicos, aprovechados hagan lo que se les venga en gana y no pase nada -y no, alcalde Ospina, contra usted no hay ningún “matoneo”, lo que hay son evidencias-.

Nos cansamos de unos organismos del Estado que no hacen su trabajo y no defienden lo que en verdad tienen que defender: los intereses de los ciudadanos, el erario, la institucionalidad, la verdad y la honestidad.
A ver, señora Procuradora, señores contralores de la Nación y del Municipio, señor Fiscal, demuéstrennos que estamos equivocados y recuperen la credibilidad de sus instituciones.

¡Ahora sí (¿ahora sí?), honren la función para la que cada uno fue elegido y pongan a sus subalternos a cumplir también! Cali, el Valle y Colombia se los demandan.

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Nota: Yo creo que si al Presidente, su familia, la Vicepresidenta y los funcionarios que pernoctan en el Palacio de Nariño o en la Casa Privada -hogar de quien ejerce la Vicepresidencia- les ponen en sus camas un duvet con tres o cuatro cobijas de piel de durazno, que pesan muy poco y si acaso cuesta cada una doscientos mil pesos, duermen igual de calienticos que con un plumón de ganso de cuatro millones de pesos.

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