La poderosa Imprenta

La historia comenzó en 1928, cuando el gobernador Carlos Holguín fundó la Imprenta Departamental con máquinas Ludlow, con el fin de suplir una necesidad: contar con una empresa oficial que se encargara de publicar las ordenanzas que se dispusieran desde la Gobernación del Valle, así como los contratos, en la famosa Gaceta Departamental.
Todo iba bien. La Imprenta, publicando la Gaceta, libros y cuanto impreso se requiriera, se consolidó como una empresa sólida. Sin embargo, en 2012, todo cambió.

En ese año se expidió la Ley 019, o Ley Anti Trámite, que eliminó la obligación de publicar la contratación estatal en la Gaceta. En otras palabras, me dice el actual gerente de la Imprenta, Fernando Céspedes, con esa Ley se cortó de tajo el 80% de los ingresos de la empresa, lo que originó una crisis que desencadenó en una huelga de trabajadores que duró 48 días.

En parte por ello, y las exigencias de los nuevos mercados, se planteó la necesidad de ampliar el objeto social de la Imprenta, hoy llamada Impretics EICE. Lo curioso es que la empresa, además de ofrecer los servicios de toda imprenta, amplió el objeto social en 45 numerales, lo que le permite ser contratada de manera directa por alcaldías, personerías, contralorías, casi para cualquier cosa. Según el objeto social, en la Imprenta, donde apenas trabajan 14 personas de forma directa, se realizan obras civiles (albañilería y construcción en general), prestan el servicio público de energía eléctrica, eólica y solar, provee toda clase de tecnología, organiza eventos sociales, satisface la necesidad de equipos de oficina, diseña planes de seguridad ciudadana, hace mantenimiento de cámaras de vigilancia…

En el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio, se lee además que la Imprenta ofrece 370 servicios, desde proporcionar instrumentos de cuerda, de percusión, ferretería, uniformes, escobas, traperos, ¡hasta la construcción de edificios públicos especializados!

Cuando le pregunté a su actual gerente dónde estaba el stock de los computadores que ofrecen, como los que les vendieron a la Personería de Cali en un contrato que está siendo investigado, o los muebles de oficina, me respondió que no había necesidad de tener stock para prestar esos servicios.

“Lo que hacemos es una integración. Establecemos un contrato y buscamos cómo lo hacemos, integrando a otras empresas”, me dijo. Lo que hace la Imprenta es subcontratar la mayoría de los servicios que dice ofrecer. Según el gerente, la Ley 1349 de 2009 le permite volverse “integradores”, pero leyendo esa ley, no dice eso.

El gerente reconoce en todo caso que el objeto social de la empresa, ante polémicas similares con otras entidades, “se debe ajustar”. Y agregó: “Es posible que el pecado esté en el papel, por ofrecer tantos servicios, aunque no los preste todos. Pero en la realidad yo estoy sobreviviendo. ¿Por qué me contratan a mí como Imprenta de manera directa y no se hace una licitación? Esa es la pregunta del millón. No es una pregunta que me tenés que hacer a mí, sino al ordenador del gasto. A mí me dicen: ¿Usted tiene esta solución? Listo, yo hago la propuesta. Pero ya no es un problema mío si me contratan”.

El problema de fondo es que detrás de todo podría haber un enorme delito. El abogado Élmer Montaña, quien ha venido investigando el caso, asegura que hará denuncias penales, pues lo que estaría haciendo la Imprenta Departamental son procesos de contratación directa con entidades del Estado, que luego sub contrata, y de esta manera saltarse las normas de contratación estatal como la Ley 80, que exige procesos de selección y licitación. Además, al contratar con la Imprenta, y subcontratar los servicios, los contratos que se pagan con los impuestos de los ciudadanos aumentan por esa intermediación (según el gerente, la Imprenta, por contrato, gana un 4 o 5% del valor del mismo).

“No hay ninguna empresa en Colombia que esté en capacidad de prestar todos los servicios que asegura ofrecer la Imprenta en su objeto social, que podría estar convirtiéndose no solo en la empresa más poderosa del Estado, al contratar casi cualquier cosa y con entidades a nivel nacional, sino que sería una mampara para eludir los proceso de contratación que obligan a las entidades del Estado llevar a cabo los procesos de selección, lo que está prohibido en la ley. Es utilizar una empresa como escudo para burlar las normas de contratación, y posiblemente terminar contratando de manera directa a los financiadores de campañas o a quienes se les debe pagar favores políticos. Es por esta razón que le solicitamos al Fiscal que investigue este asunto”, dice Élmer.