6024455000Caja de Pandora
Lo que se hace es un maquillaje del objeto social para aparentar que el contratista tiene capacidad de prestar cualquier clase de servicio, pero con el conocimiento claro de que no lo puede hacer, todo con el propósito de que se pueda llevar a cabo una tercerización
En la mitología griega, la Caja de Pandora es un recipiente que contenía todos los males del mundo. En Cali, el Valle del Cauca, como en el resto de Colombia, parece estarse descubriendo aquel recipiente, solo que en este caso contiene todas las trampas para cometer actos de corrupción, aunque disfrazados de legalidad.
La clave está en el cambio del objeto social de varias entidades, y la ampliación de actividades y servicios de las mismas. En una investigación que se está realizando y que se publicará en los próximos días, se determinó que hay empresas de economía mixta, o empresas industriales y comerciales del Estado, que cambiaron su objeto social, o lo ampliaron a un sin número de actividades y servicios, que sin embargo no están en capacidad de prestar: los subcontratan.
El truco, entonces, está en que las dependencias del Estado a las que no se les permite la contratación directa salvo algunas excepciones, contratan a estas empresas que ampliaron su objeto social pero que en la realidad no están en capacidad de prestar la mayoría de los servicios que dicen ofrecer, y los tercerizan. De esta manera los ordenadores del gasto como las alcaldías o las personerías, para citar apenas dos casos, eluden los procesos de selección y licitación, burlan las leyes de contratación, como la Ley 80, y podrían estar garantizando los contratos a sus amigos o financiadores de campaña.
“Lo que se hace es un maquillaje del objeto social para aparentar que el contratista tiene capacidad de prestar cualquier clase de servicio, pero con el conocimiento claro de que no lo puede hacer, todo con el propósito de que se pueda llevar a cabo una tercerización. El contratista es una especie de mampara para llevar a cabo por parte de quien ordena el gasto un proceso de contratación directa, lo que en el fondo termina siendo un delito”, explica uno de los investigadores que está tras las pistas de este entramado.
El cambio del objeto social, o la ampliación del mismo, tendría otro propósito: aparentar una supuesta ‘idoneidad’ para cumplir con los contratos. En la contratación estatal se exige sobre todo eso: que el contratista sea idóneo para prestar el servicio que le requieren. Es decir que tenga la capacidad para llevar a cabo una actividad.
Sin embargo, como hay entidades que no cumplen esta idoneidad en la realidad, lo hacen en el papel, cambiando el objeto social o ampliándolo, así no tengan ni el personal ni la capacidad para cumplirlo. Por eso ofrecen desde ferretería hasta obras civiles, compra de equipos de oficina, reclutamiento de personal, artículos deportivos, instrumentos de cuerda, planes de seguridad ciudadana, bodegaje, capacitaciones, construcción de edificios inteligentes y cuanta cosa se requiera para aparentar idoneidad y cumplir con un contrato.
Y eso, aunque tiene viso de legalidad, no lo es. Porque en el fondo lo que se hace es presentar un objeto social falso (al no garantizar los servicios que se dicen ofrecer) y aparentar la legalidad para establecer un contrato.
El problema es que los entes de control que investigan el tema apenas certifican la idoneidad en los papeles de Cámara de Comercio y demás, pero no en la práctica, en la realidad: si la empresa tiene la capacidad de prestar eso que dice ofrecer en el objeto social. Y encima los mismos órganos de control que investigan este tipo de contratación, contratan de la misma manera, luego las investigaciones terminan en nada.
Por lo pronto queda la denuncia ciudadana, mientras se planteen mecanismos para cerrar de manera definitiva esa Caja de Pandora de corrupción disfrazada de legalidad.
