Solvencia de las constructoras

El diario Portafolio divulgó la semana pasada que el Grupo Aval está incursionando con fuerza en el sector de construcción de obras públicas y que participa en varias licitaciones importantes. Ojalá más grupos financieros hicieran lo mismo porque uno de los factores para transformar la construcción de obras públicas, alejándola del caos en el que se encuentra es que ingresen al sector empresas capitalizadas con músculo y respaldo financiero. Las empresas constructoras se ganan las licitaciones muchas veces sin poner un peso de su bolsillo, y realizan maromas para hacer aparecer los anticipos y desembolsos que les hace el gobierno como capital para obtener financiación, que es apalancada a medida que el capital aportado por los socios de las empresas se aproxima a cero. Esta es una de las razones por las cuales se quiebran las empresas, hacen operaciones financieras indeseables o inclusive ilegales que pueden llevar a los propietarios y a sus ejecutivos a la cárcel, o a la ruina, y que causan demoras en la ejecución de las obras, o que estas no se lleven a cabo como estaba programado. La ausencia de un capital de tamaño adecuado es un clásico ejemplo de riesgo moral que es una situación en la cual las condiciones de un negocio, por ejemplo, inducen a los empresarios a tomar acciones que son perjudiciales o indeseables. En este caso, el empresario constructor toma todo el riesgo que puede porque entre mayor riesgo asuma mayor es la rentabilidad. Si las cosas salen bien quedan ricos, y si salen mal son otros los que tienen que soportar las consecuencias, por lo general el gobierno y el público. María Mercedes Prado, quien tuvo la gentileza de compartir los resultados y las conclusiones de los análisis que ha realizado, cree que los requisitos financieros de los procesos licitatorios de las concesiones de tercera generación son totalmente inadecuados “frente a la dimensión de los proyectos y el nivel de riesgos que asume el concesionario. En las licitaciones recientes se exige acreditar solvencia patrimonial del proponente con un valor mínimo de patrimonio neto. La relación entre el valor mínimo exigido y el presupuesto de obra es del 10% al 15% del valor de la obra. La exigencia de un patrimonio mínimo en estos casos no guarda ninguna relación con la magnitud del riesgo asumido”. En las concesiones de primera generación que tenían mayores fallas en la estructuración, este problema fue más agudo, como es el caso de la Carretera Santa Marta - Paraguachón, por ejemplo. El requisito de solvencia patrimonial debería del orden del 25% ó 30% del valor presente del presupuesto de ejecución del proyecto si el riesgo de construcción es moderado. Adicionalmente, las reglas de los procesos licitatorios se deben revisar. Las que operan son laxas y permiten acreditar el requisito de solvencia patrimonial con mucha imaginación. La manera como se acreditan los aportes permite que el capital efectivo sea muy inferior al exigido. Por estas razones es que, aún después de hacer consideraciones sobre la inconveniencia de que el capital financiero incursione en otras ramas de actividad, es deseable para el desarrollo de la infraestructura en Colombia que los grupos financieros participen con capital en la construcción de los grandes proyecto nacionales y que no se adjudiquen estos a pequeñas firmas que no pueden responder por los riesgos que asumen, como ha venido sucediendo hasta ahora.