Revolcón agropecuario

La administración Santos ha emprendido una reforma de gran alcance para el campo colombiano. El propósito es que deje de ser un sector rezagado, sobreprotegido y subsidiado para convertirse en uno de los grandes dínamos competitivos de la economía. Parte integral de esta iniciativa son el proyecto de ley de tierras, vinculado a la ley de víctimas, que se le ha presentado al Congreso y el Plan Siembra, al que me referí con mayor detalle en una nota anterior, que busca empoderar a 100,000 familias campesinas, dotando de tierra a muchas de ellas o mejorando su capacidad técnica, sus finanzas, la productividad de sus predios y su calidad de vida. Si los objetivos de estos programas se cumplen y se conserva su alcance original, podemos estar en el umbral de uno de los eventos más importantes de los últimos 80 años. Con 200 años de retraso se comenzaría a incorporar plenamente al campesino a la República de Colombia con derechos y poder para determinar su destino y vivir en condiciones razonables. Para poner el alcance de este proyecto en un contexto comparativo, se puede pensar que es equivalente en muchos aspectos al de las leyes de derechos civiles (Civil Rights Acts de 1960 y 1964) con las que se inició la restitución de plenos derechos a la población afro norteamericana que inicialmente tuvo que ser impuesta a la fuerza por el gobierno federal. Aunque tendrían beneficios económicos y políticos muy significativos, no se trata simplemente de proyectos económicos o de políticas sociales. Desde el Estado se está promoviendo un cambio de poder a favor de los campesinos que va a menoscabar la posición relativa de las élites rurales legales y la de los criminales a nivel local. La restitución de tierras y empoderamiento campesino va a suscitar una oposición muy agresiva y ya ha cobrado su primera víctima en este nuevo contexto. Uno de los campesinos de Urabá al que el M inistro de Agricultura le devolvió la tierra que le habían quitado a la fuerza los paramilitares o los narcos fue asesinado pocas horas después del acto. Es la forma como se utiliza el terror para notificar a las víctimas y al Gobierno que la cosa no va a ser fácil, con la esperanza de que se acobarden y dejen eso así. No va a ser suficiente tener las leyes aprobadas, ni las mejores intenciones, sino que hay que imponer la ley y defender la Constitución con el poder del Estado y toda la energía que sea necesaria para reprimir a los criminales y a otros opositores violentos. El Gobierno no puede limitarse a responder a esta alevosía criminal con declaraciones. Tiene que encarcelar a los sospechosos y juzgarlos rápidamente en forma ejemplar. Y tiene que poner en práctica esquemas de seguridad y protección a los campesinos para que los beneficiarios y las víctimas no resulten premiados con la muerte y nuevos desalojos. El Economist de la semana pasada le cuenta al mundo la vergonzosa experiencia de la restitución de la finca La Alemania en San Onofre, que también culminó con el asesinato del líder campesino y con un intento del banco acreedor de reposeerla. No lo hizo cuando estaba en poder de paramilitares y sí cuando la habían recuperado las víctimas (‘This Land is Your Land’, Septiembre 18 a 24 de 2010). A los cuatro jinetes del Apocalípsis que señaló Juan Manuel Galán como enemigos de estas reformas, hay que sumarle un quinto, muy temible, que es la ausencia casi general de empatía por la suerte de las víctimas o de los pobres entre los poderosos y la clase media.