Avianca

Un alto funcionario del Banco Mundial planteaba en estos días la necesidad de elevar de manera sustancial el ritmo de crecimiento del país y, sin duda, es uno de los grandes retos nacionales. Lo que se espera para el futuro próximo son tasas mediocres y si no hay crecimiento, bien sabemos que los problemas se extenderán por doquier. No tenemos por delante ningún sector que vaya a impulsar la economía y, entretanto, las necesidades de recursos fiscales son monumentales. Se debería entonces hacer todo lo posible por atraer la inversión o, por lo menos, no desestimularla.

Desafortunadamente no parece que nos movamos en esa dirección y mucho de esto tiene que ver con la situación de la justicia. No me refiero a los temas de corrupción, que son algo desastroso para un país que quiere crecer. Me refiero a un problema de carácter más estructural, de una parte, pero también de un sentido cortoplacista y no tener en cuenta las consecuencias de más largo plazo en la toma de decisiones por parte de los jueces. Me refiero, por un lado, al carácter marcadamente garantista de nuestra Constitución que, por privilegiar este enfoque, lleva a las Cortes a adoptar decisiones que tienen graves consecuencias económicas que agravan el problema fiscal y contribuyen a ahuyentar la inversión. Es el caso de muchas decisiones en el campo de la salud o las que respaldan la forma en que realizan las consultas populares que, manejadas irresponsablemente, pueden llevar al fracaso importantes proyectos de infraestructura o de producción.

En lo inmediato estamos viviendo algo impensable en otras latitudes y es que un servicio público esencial como el transporte aéreo, en un país que no cuenta con alternativas y con el peso que tiene Avianca en la oferta de sillas, cumpla ya más de un mes con un cese de actividades que genera infinidad de trastornos a miles y miles de ciudadanos. Sin entrar a opinar sobre quién tiene la razón lo cierto es que la empresa acudió a lo que, en últimas, debería ser el fundamento para un inversionista y es contar con que las reglas de juego se respetan y esto quiere decir con que la ley se cumpla.

Pues bien, al dejar la empresa el caso en manos de la ley y las autoridades judiciales el asunto debería haberse resuelto hace varios días y los colombianos deberíamos contar ya con un transporte aéreo normalizado. Lo que estamos viendo, sin embargo, es que a punta de tutelas (las enseñanzas de Petro) las decisiones se dilatan y se termina debilitando la posibilidad de que se restablezca el servicio, como ocurre con el tema de la contratación de pilotos extranjeros.

Y más preocupante ver la actitud vacilante de la Ministra que, en lugar de apoyar firmemente la opción legal del Tribunal de Arbitramento, cede a las presiones de los políticos y vuelve a enredar las cosas promoviendo reuniones extemporáneas. Mientras tanto, los cientos de miles de afectados seguirán afectados y cualquier inversionista mirará con otros ojos la posibilidad de inversión cuando la seguridad jurídica es tan endeble.