¿Actuando con justicia?

¿Qué buscan el fiscal y el juez que se han ensañado con los funcionarios del Ministerio de Agricultura por el caso del Agro Ingreso Seguro? Sin duda el AIS ha sido motivo de escándalo por los fraudes que se cometieron, pero cualquiera que mire con algún cuidado el tema verá que la situación es muy diferente a la que han presentado a los medios el fiscal y el juez del caso. ¿Cómo se puede decir que se trata de uno de los peores casos de corrupción cuando los dineros involucrados en los ilícitos no superan el 3% de los apoyos otorgados de acuerdo con lo previsto por la Ley 1133 de 2007? Casos críticos de corrupción son los relacionados con el llamado ‘carrusel de la contratación’ y, ¿cómo se entiende a la Fiscalía pidiendo muy severas penas para los funcionarios del Ministerio, mientras solicitaba tratamientos especiales para quienes no sólo han defraudado flagrantemente al país, sino que han confesado muchos de sus delitos? Frente al tema de Agro Ingreso Seguro se puede estar en total desacuerdo con el enfoque que tuvo la Ley 1133 y ésto es perfectamente legítimo, pero, en ese caso, hay que estar en desacuerdo es con la ley que aprobó el Congreso y no con los funcionarios que participaron en su ejecución. Otra cosa muy diferente es que, en unos pocos casos, beneficiarios inescrupulosos hubieran acudido a métodos ilegales para aprovecharse en exceso de lo que ya de por sí era un regalo innecesario. El programa se podía reorientar y es lo que acaba de hacer el Ministerio de Agricultura, pero eso es una decisión de política y también era válida y legal la orientación que se le dio en el gobierno pasado. En lo personal considero que lo correcto es lo que se acaba de hacer y que este tipo de apoyos deben destinarse a los pequeños agricultores que tantas carencias tienen, pero eso no invalida el enfoque que tuvo el AIS durante el gobierno anterior. La dureza con que se ha actuado frente a funcionarios con hojas de vida intachables y cuyo papel fue fundamentalmente técnico, no sólo resulta ser una gran injusticia, sino que contribuye al desprestigio de la rama judicial por la incoherencia con que actúa y porque no deja de generar la sensación de que se actuó con criterios más políticos que de derecho dado el simbolismo que tenía este programa como bandera del uribismo en la agricultura. No aceptar la detención domiciliaria a madres cabeza de familia, por ejemplo, que además han demostrado a lo largo de su vida profesional su integridad es incomprensible.Por lo demás, el daño que le hacen los jueces a la administración pública es inconmensurable pues se percibe por todos lados los titubeos y demoras para la toma de decisiones por parte de los funcionarios gubernamentales, cuando ven que en cualquier momento pueden terminar presos por cuenta de un sistema judicial que parece gustar más del espectáculo que de la administración de Justicia que el país requiere.