La Contradicción de la Verdad

Una de las cosas que llama la atención del informe que presentó la Comisión de la Verdad es el tratamiento diferente que le da a los dos negocios gemelos que han financiado los grupos armados en el país: el narcotráfico y la minería ilegal. Su comparación permite apreciar mejor la razonabilidad de algunas de las recomendaciones del informe.
El narcotráfico explica en buena medida por qué a partir los noventa, justo cuando terminó la guerra fría y la nueva constitución abrió las puertas del sistema político colombiano a sectores de izquierda previamente armados, la actividad guerrillera no paró, sino que creció. El informe documenta cómo las Farc, el Eln y los paramilitares se metieron de lleno al negocio que financió la guerra. Muestra también una relación clara entre ese dinero y la intensidad del conflicto. En zonas cocaleras hubo más muertes y masacres.

En el año 2000 había más de 150.000 hectáreas de coca en el país y hubo 26.000 homicidios. En 2013 el área había bajado a 50.000 hectáreas y los homicidios a 15.000. Desde 2013 el área sembrada se volvió a multiplicar, lo cual coincidió con el abandono de las aspersiones aéreas con glifosato. Luego de 2013 el número de homicidios se ha mantenido relativamente estable. Pero sigue siendo muy alto. Pese a que las desmovilizaciones del Acuerdo de Paz en 2017 ayudaron, la violencia persiste. Sobre la persistencia del conflicto tras el Acuerdo el informe advierte que “el narcotráfico aparece como un factor clave, debido a las ganancias monetarias que no se obtienen con ningún otro producto… salvo la minería de oro en algunos lugares”.

En Colombia hay 145.000 hectáreas afectadas por la explotación de oro de aluvión, ilegales en su gran mayoría y en escenarios propicios para grupos armados, según un informe de Naciones Unidas contra la droga y el delito. Es bien sabido que las disidencias se lucran del negocio. Esas explotaciones usan sustancias tóxicas y son responsables del 68% de la deforestación en el país. Muchas están en parques nacionales o áreas protegidas. En casi la mitad de ellas también hay coca.

Dado que el narcotráfico y la minería ilegal son factores de persistencia del conflicto sería lógico perseverar en la lucha contra ellos con programas de desarrollo rural, y con más fuerza pública y justicia. Pero, en lo relativo al narcotráfico, el informe de la Comisión pide limitar la extradición de los capos, desmilitarizar la respuesta del Estado, abandonar la aspersión, aplicar “medidas alternativas a la privación de la libertad”, y una política de sometimiento que permita a los criminales sanear sus bienes (léase fortunas). En cuanto a la extorsión y la minería ilegal, en cambio, la sección de recomendaciones del informe no dice una palabra.

A cambio de abandonar la lucha contra el narcotráfico la Comisión propone avanzar hacia la regulación (léase legalización). Es una propuesta que genera un gran debate en el mundo entero, y con la que muchos simpatizan filosóficamente. Pensaría uno que si el gobierno de Colombia tuviera esa postura podría encargarle a la Cancillería el oficio de convencer otros países, pues de nada sirve legalizar acá y no allá. Aún si se lograra, tomaría mucho tiempo. Mientras los clientes de la droga sigan siendo carteles de la mafia internacional, a Colombia no le queda más remedio que luchar contra el narcotráfico como mejor pueda, así logre una contención apenas parcial. Abandonar la lucha sería permitir que las disidencias se crezcan para volverse estado paralelo y reproducir los horrores de los 90. Por lo demás, el oro muestra que la legalización tampoco es magia. El hecho de ser legal no evita que detrás de él haya una terrible mafia criminal.