Arbitrario e ilegal

El sospechoso asunto de las 21 ‘Megaobras’ en Cali, se ha convertido en un abuso y en escandalosa violación de los requisitos de ley. La distribución del cobro del voluminoso proyecto “violó todas las normas de orden nacional y municipal sobre valorización”, como se advierte en la columna de Emilio Sardi, ‘Hundiendo a Cali’. Poco, o nada, se conoce sobre la dimensión de las obras, la necesidad de las mismas, su costo real y las consecuencias negativas del hundimiento de la Avenida Colombia.Que tendría un costo astronómico. Expertos en el tema estiman que pasaría en más de 15% de los $34.000 millones presupuestados. Es decir una montaña de dinero para una obra que en opinión de la mayoría de los ciudadanos comunes y corrientes, bien puede aplazarse para una época mejor en la economía de la capital vallecaucana. Los riesgos técnicos de la construcción son evidentes y señalados por organismos especializados en ese tipo de construcciones. El proyecto fue presentado a la ligera y aprobado sin estudios serios y completos.La Procuraduría General de la Nación, en estudio sobre el tema, confirmó la ilegalidad de la contribución de valorización y señaló que las obras proyectadas no tuvieron los estudios definitivos para determinar la contribución de ese organismo. Se obró con ligereza en una materia que afecta el bolsillo de los contribuyentes. Que ya soportan cargas fiscales excesivas. Ningún proyecto ha despertado tan evidente repudio.Cali necesita obras vitales para transformarse en la ciudad dinámica que fue y recuperar su liderazgo. Pero no puede embarcarse en un proyecto monumental, controvertido, verdadera puñalada al contribuyente, poco estudiado y manejado sin contundente explicación sobre su costo real. La ciudadanía tiene derecho a que se estime, antes de aprobar obras de elevado presupuesto, su capacidad de pago. Fusilarla, por la vía impositiva dictatorial, es un delito político-social, y la violación de la capacidad económica de los contribuyentes. Por excederse en el cobro de impuestos, se han generado guerras sangrientas en la historia de la humanidad. Eso es algo que cualquier gobierno debe manejar con cuidado y con respeto a las dificultades de quienes pagan altas sumas en esa materia.El asunto no puede terminar en una inocua protesta verbal. Debería promoverse y organizarse una masiva y pacífica movilización ciudadana en contra de ese atentado que afecta sectores muy apreciables de la ciudad. Que no están en condiciones de pagar semejante desafuero.