Honor al valor

Agosto 22, 2011 - 12:00 a.m. Por: Rafael Rodríguez Jaraba

Con sus actuaciones firmes y valerosas, el Procurador General de la Nación está redimiendo la dignidad, reconciliando la sociedad con la esperanza y restituyendo la confianza perdida. Que nadie olvide, que gracias a su labor, los Palacios de Liévano y San Francisco recuperaron el respeto; que no son pocos los alcaldes que por apoltronar la corrupción en sus despachos han sido destituidos; que la señora Córdoba suspendió sus afrentas contra la Nación; que los carruseles de la contratación empiezan a detenerse; y, que francachelas y bacanales en las cárceles, proscritos. Para bien de la región, en la agenda del Procurador cada día gana más espacio el expediente del Palacio de Justicia de Cali, monumento insuperable a la corrupción, la indiferencia y la resignación. En Cali lo sustantivo es accesorio y lo accesorio contratable. Se cava una fosa suntuaria y anegable para enterrar $43.000 millones, mientras la justicia se administra desde baños y cocinas de desvencijados apartamentos que amenazan ruina. Es inefable la indolencia de la ciudad frente los despojos de su santuario de Justicia. También ganan espacio en la agenda del Procurador, las megaobras; la remodelación del Estadio con su tablero millonario; la burda triangulación para eludir licitaciones mediante convenios interadministrativos; y, otros singulares esperpentos contractuales. Cali es capital de la contratación y de la Indulgencia, al punto que hay quienes perversamente dicen: ¡Lo importante es que se hagan obras! Pero el Procurador no solamente es celoso custodio de la transparencia y la pulcritud; su postura solvente y esclarecida en favor de la protección de la sociedad, la familia, la libertad, las minorías, las mayorías, el pluralismo y la diversidad dentro del marco Constitucional, puede ser discutida pero es profundamente respetable. Su visión de la sociedad antes que conservadora es libertaria, pero sin faltarle a la Ley que ella misma se ha dotado. Sus interpretación leal de la Constitución, contraria a la de quienes la distorsionan de manera extensiva a su conveniencia, merece encomio. Ni el Ejecutivo ni mucho menos el Legislativo, han tenido valor y argumentos para objetar de manera consistente las funciones legislativas y de constituyente primario que se viene abrogando la Corte Constitucional, quebrantando la vigencia del principio de separación de poderes y el tenor mismo de la Carta confiada a su guarda. Es claro que la ley no garantiza el orden, salvo que la autoridad esté dispuesta a hacerla cumplir y tenga coraje para reprimir su inobservancia. El Procurador con sus actuaciones firmes y bien fundamentadas, respetuosas de las garantías procesales y del derecho de defensa, esta vivificando la ley y recuperando el terreno que ha perdido la honorabilidad y la decencia. La sociedad debe rodear y proteger a este inusual paladín de la dignidad, exhortarlo a que mantenga erguido su empeño y no muestre debilidad ante el halago, la vanidad y el favor indebido. La labor ejemplar de Alejandro Ordóñez Maldonado le hace un bien inestimable a Colombia y a sus nuevas generaciones, que deben ver en la administración pública una distinción y un honor y no la guarida perfecta para la infamia. Honor a quien honra la ley y no defrauda la confianza.

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