Elogio a la impunidad

Noviembre 19, 2014 - 12:00 a.m. Por: Rafael Rodríguez Jaraba

La paz es un bien inestimable anhelado por todos que a nadie le pertenece; que no puede servir de mercancía política ni de pasaporte a la impunidad. Su consecución merece los mejores esfuerzos y sacrificios, pero sin llegar a quebrantar la dignidad nacional y el orden constitucional; de otra manera, se alentarían la violencia y la villanía.La sentida necesidad de alcanzar la paz no nos debe inducir a la ingenuidad, y menos, a renunciar al ideario de valores y principios en que se funda nuestra perfectible democracia. Cualquier intento por alcanzarla es loable, siempre y cuando no sirva para premiar criminales y burlar inocentes.Alcanzar la paz bajo la intimidación del malhechor, que obtiene capacidad para negociarla, prometiendo suspender sus fechorías a cambio de exigir caras prebendas, constituye rendición del Estado y premio a la felonía.Tratar de utilizar la aprobación de una amnistía para quienes han cometido delitos de lesa humanidad como condición para firmar la paz, es una extorsión a la sociedad. Los narcoterroristas se burlan de la Nación, al negar que han cometido delitos de lesa humanidad, y con ello, tratar de eludir la responsabilidad derivada de su proceder criminal.Es repudiable que el Gobierno pretenda cazar una discusión entre militares y criminales. No se puede permitir que el señor Humberto de la Calle iguale soldados con narcoterroristas, olvidando que las Fuerzas Armadas no actúan en causa propia sino en defensa de la sociedad.Exponer a los militares al maltrato verbal de los criminales es una vejación inaceptable a las Fuerzas Armadas y un atentado al Estado Social de Derecho. Al general Mendieta lo tuvieron doce años secuestrado, denigrado y vejado entre una jaula en mitad de la selva y sus secuestradores no lo reconocen como víctima sino como prisionero de guerra. La nación no puede tolerar tanto cinismo.Es tiempo de recomponer el diálogo en La Habana y de condicionar su continuidad a la libertad inmediata de secuestrados; al cese de actos terroristas, extorsiones, secuestros, narcotráfico y reclutamiento de menores; y, a la desmovilización, entrega de armas y sometimiento incondicional a la Justicia por la comisión de delitos de lesa humanidad.Cualquier negociación que ofrezca privilegios económicos, dádivas políticas o exenciones penales, constituye un quebrantamiento de la legalidad y un manifiesto desacato al Estatuto de Roma. Que no se olvide, que el Estatuto de Roma que administra la Corte Penal Internacional, no admite, ni permite, que los delitos de lesa humanidad sean objeto de amnistía, indulto, perdón, condonación, absolución u olvido.Tal y como se prevía, ya no son pocas las voces autorizadas que se muestran sorprendidas con la debilidad del estado colombiano frente a un puñado de narcoterroristas. No en vano la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, Human Rights Watch, y hasta la misma Corte Internacional de Justicia han reiterado que los delitos de lesa humanidad no son indultables; pero de Santos, su Congreso y su Fiscal de bolsillo, todo se puede esperar.Los hechos y el derecho dan razones; el deseo tan solo ilusiones. Por eso no debemos razonar con el deseo, ni alimentar una esperanza antes fallida, que bajo el asedio terrorista, nos hizo soñar con una paz injusta.La debilidad del bien es la fortaleza del mal. Perdón por querer una paz sin impunidad.

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