El Estatuto de Roma

La paz es un bien inestimable anhelado por todos, salvo por los que se lucran de su ausencia o se valen de ella para ganar protagonismo.La sentida necesidad de alcanzar la paz, no nos debe inducir a la ingenuidad y menos, a renunciar al ideario de valores y principios en que se funda la democracia.Cualquier esfuerzo por lograr la paz es loable, pero su consecución no puede servir para premiar criminales y burlar inocentes.Alcanzar la paz bajo la intimidación del malhechor, que obtiene capacidad para negociarla, prometiendo suspender sus fechorías a cambio de exigir caras prebendas, constituye una rendición velada del Estado, una claudicación de la ley y un premio a la felonía.En la Colombia de hoy, el único diálogo posible con criminales debe estar condicionado a la libertad inmediata de secuestrados; al cese de actos terroristas, extorsiones, secuestros y narcotráfico; y, a la inmovilización, entrega de armas y sometimiento incondicional a la justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos, los que por ser imprescriptibles no son negociables.Cualquier negociación que ofrezca privilegios económicos, dádivas políticas o exenciones penales, constituye un quebrantamiento de la legalidad y un manifiesto desacato al Estatuto de Roma, Tratado Universal, de imperativo cumplimiento para Colombia.Que no se olvide que el Estatuto de Roma que administra la Corte Penal Internacional, no admite, ni permite, que los delitos de lesa humanidad sean objeto de amnistía, perdón, condonación, absolución u olvido.Pero del gobierno Santos y del actual Congreso, todo se puede esperar. No se debe olvidar, que con un “Yo respondo”, Santos modificó de facto la Constitución Nacional y “acuñó” una nueva forma de dejar sin efectos los Actos Legislativos. Sobrecoge que ante semejante despropósito, la Corte Constitucional siga silente y su mutismo se pueda interpretar como complaciente con tamaña vejación a la Carta.A menos que el Presidente ahora pretenda derogar el Estatuto de Roma y la jurisdicción de la Corte Internacional de la Haya, podrá su gobierno premiar la villanía, hacer concesiones y conferir estatus político a los criminales.Asombra que el Gobierno tenga como mediadores a la ruinosa dictadura cubana, campeona de la represión y del totalitarismo, y al régimen venezolano, amigo y anfitrión solapado de los cabecillas de las Farc. La participación de los Castro y de Chávez, más que facilitar el logro de una negociación, convalida los abusos y las barbaries cometidas por sus ‘democráticas dictaduras’.Son muchas las voces que se han mostrado complacientes con una posible negociación, empezando por Ban Ki-moon, secretario General de la ONU y José Miguel Insulza de la OEA. A ellos se les debería preguntar si están de acuerdo que se quebrante el Estatuto de Roma y que los delitos de lesa humanidad prescriban. Es presumible que sus respuestas no serían tan optimistas como fueron sus precipitadas declaraciones.Es claro que el margen de maniobra del Gobierno es reducido, lo que permite concluir, que hay muy poco por negociar y sí muchas penas por pagar.Los hechos y el derecho dan razones; el deseo tan solo ilusiones. Por eso no debemos razonar con el deseo, ni alimentar una esperanza antes fallida, que bajo el asedio terrorista nos hizo soñar con una paz injusta.Así queramos la paz, no podemos transgredir la ley, premiar criminales y deshonrar inocentes.Colombia exige una paz justa.