Colombia no se entrega

Colombia no se entrega

Noviembre 30, 2012 - 12:00 a.m. Por: Rafael Rodríguez Jaraba

El respeto que se le debe la Corte Internacional de Justicia, no incluye indulgencia y sometimiento a sus errores, máxime si son flagrantes y deslegitiman sus decisiones.Todo fallo, sentencia o laudo merece respeto y acato, sin perjuicio que las partes en contienda interpongan recursos cuando se profane el debido proceso, el derecho a la defensa o el juzgador desconozca hechos o derechos con valor probatorio, o se arrogue potestades que no le competen. Esto último, lo acaba de hacer la Corte de la Haya.Es claro que el fallo de la Corte violentó el Derecho Internacional; afectó derechos de terceros países; invadió la autodeterminación de varias naciones: incurrió en incongruencia al conceder más y distinto de lo pretendido, y creó una extravagante jurisprudencia en materia de delimitación de aguas territoriales.También es claro, que la Corte no se limitó a definir los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua al amparo del Tratado Esguerra-Bárcenas, sino que alteró tratados de estas naciones con terceros países creando un nuevo mapa que perturba el orden geopolítico del Caribe.Al comprometer derechos de terceros no vinculados el proceso, la Corte violentó el Artículo 59 de su propio Estatuto, que dice: “La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido”.Lo anterior supone que para que Colombia pueda cumplir el fallo obligatoriamente debe modificar sus fronteras con otros países, lo que terminaría siendo, también para ellos, una imposición inadmisible. Este mayúsculo yerro, hace inejecutable el fallo, contrario a derecho y lo vicia de nulidad.Más grave resulta para la comunidad internacional la nueva y aventurada doctrina de la Corte, que pretende alterar los principios que rigen la delimitación de las áreas marinas adyacentes a costas y archipiélagos (mar territorial, zonas contiguas y económicas exclusivas).Y qué decir de los graves daños económicos que causaría a Colombia el cumplimiento del fallo por causas ajenas y desconocidas al litigio, como sería el despojo de una zona económica sobre la cual Colombia ha ejercido soberanía y posesión quieta y tranquila.El presidente Santos está en mora de manifestarle a la Corte su respeto y acato a sus decisiones, pero siempre y cuando ellas no quebranten el orden jurídico internacional, respeten la soberanía y autodeterminación de las naciones y no desconozcan los tratados internacionales y el principio Pacta Sunt Servanda.Para no incurrir en desacato ante la Corte, el Gobierno debe presentar a la mayor brevedad posible, Demanda de Aclaración induciendo a la Corte a la “revisión” del fallo, y manifestando, que de no corregirse sus graves errores, se abstendrá de acatarlo y denunciará su ilegalidad ante la OEA, las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad.Colombia no puede permitir que se mutile su Archipiélago de San Andrés por un fallo contrario a derecho que puede provocar un litigio mayor al que pretendió resolver; tampoco debe desconocerlo sin intentar su aclaración (revisión), y de no darse, prepararse para probar su improcedencia e ilegalidad.Ojalá que el Presidente actúe pronto y con firmeza; no anteponga sus intereses a los de la Nación; y, no vivifique la pérfida prédica de “Perder es ganar un poco”.

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