Y fue peor

Diciembre 18, 2016 - 12:00 a.m. Por: Rafael Nieto Loaiza

Advertí que no había razón para el optimismo con la ponencia de la presidente de la Corte Constitucional sobre los artículos 1 y 2 del llamado ‘acto legislativo para la paz’. La realidad fue peor.En efecto, el comunicado de la Corte es un esperpento de forma y de contenido. Está redactado de manera farragosa y confusa, incluso para constitucionalistas expertos. Pero sí sabemos que la Corte declaró conforme a la Constitución tanto el artículo 1 que, además de establecer el ‘fast track’ o procedimiento legislativo abreviado, recorta de manera sustantiva las funciones de los congresistas hasta reducirlos a meros firmones del Gobierno, como el 2, que le da poderes excepcionales a Santos para legislar sobre lo divino y lo humano, por decreto y sin pasar por el Congreso, con un alcance que ya hubiera querido Chávez. En adelante tendremos un Congreso eunuco y un presidente hipertrofiado. Además, la Corte se contradice de manera brutal. Por un lado, hace cuatro meses sostuvo que la reforma de equilibrio de poderes sustituía la Constitución porque, dijo, el Consejo de Gobierno Judicial y el Tribunal de Aforados atentaban contra la independencia de la rama judicial y el sistema de frenos y contrapesos indispensable en un Estado de derecho. Ahora les parece que acabar con el Congreso y trasladarle poderes cuasi omnímodos al Presidente no tiene problema alguno. Por el otro, porque en la sentencia sobre el plebiscito, que les pareció constitucional aunque era un grosero cambio de las reglas de juego para favorecer al Si, defendían la idea del voto directo de los ciudadanos como mecanismo de refrendación popular, y ahora no tienen problema en inventarse uno: un “proceso” de varios pasos que termina en la “decisión deliberativa” de un órgano que “puede ser el Congreso”.Incluso la Corte se salta sin inmutarse la justificación que hacían los mismos congresistas de esos cambios extraordinarios al poder del Congreso, para inutilizarlo, y del Presidente, para hacerlo todo poderoso. Los parlamentarios decían que “es la ciudadanía quien decidirá a través de la refrendación ciudadana si estos procedimientos se llevarán o no a cabo […] Es el constituyente primario quien avalará el inicio del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz”. Pues al demonio con el sustento con el que se pretendía justificar ese espanto de acto legislativo, al demonio con el pronunciamiento de la sociedad en su conjunto y la garantía que ello suponía y al demonio con el constituyente primario, es decir con el pueblo. Ese es el resultado final: el voto ciudadano expresado el dos de octubre no vale ni uno solo de los 280 mil millones de pesos que costó el plebiscito. Para rematar, se metieron en una contradicción que no podrán superar: al describir “el proceso” de “refrendación popular” que se inventaron, dicen que “deber ser” uno “en el cual haya participación ciudadana directa” y “cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe”. Y si este acuerdo con las Farc es “nuevo”, como ha sostenido Santos, pues no ha tenido participación ciudadana directa y por tanto no hay refrendación popular. Y si es el viejo, pues no hay duda alguna de que sus resultados no se respetaron ni se interpretaron de buena fe y tampoco hay refrendación popular.Pero sí, usted tiene razón, da igual: Santos hará lo que se le dé la gana y esta Corte impudorosa se lo aprobará.

VER COMENTARIOS
Columnistas