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Politización de la Justicia, otra vez

La imagen de la Corte Constitucional venía en negativo desde julio del...

15 de marzo de 2015 Por: Rafael Nieto Loaiza

La imagen de la Corte Constitucional venía en negativo desde julio del año pasado. Desde entonces, según Gallup, la diferencia entre quienes opinan desfavorablemente de la Constitucional y quienes tienen una percepción positiva solo se había ensanchado. El escándalo reciente habrá reforzado esta tendencia. Hay que decir también que ese no es mal que sólo aqueje a la Constitucional. Las opiniones ciudadanas sobre la Corte Suprema o la Fiscalía son aún peores. De un tiempo para acá, la percepción ciudadana sobre la administración de justicia es aún más mala que la del Congreso que, desde siempre, había sido la última de las instituciones en las calificaciones.No cabe duda de que la administración de justicia atraviesa la más profunda crisis de su historia. Hay abuso de poder, cruce de favores, amiguismo y clientelismo judicial, despilfarro de los recursos públicos en viajes y francachelas, malas amistades como las de Giorgio Sale o Asencio Reyes. Hay tramitología engorrosa y procesos infinitos. Hay lentitud exasperante y la lentísima Justicia no es justicia. Hay una peligrosa ineficacia en la persecución y castigo del delito. Hay arbitrarios cambios de jurisprudencia y una gravísima inseguridad jurídica que llena de incertidumbre a ciudadanos y abogados. Hay peleas entre las altas cortes y feroces grupos dentro de ellas. Hay un deterioro de la calidad de los magistrados y las excepciones solo confirman la regla. Hay, ya nadie lo duda, corrupción. Y hay politización de la Justicia, que abandonó su pretensión de neutralidad y toma partido con frecuencia de manera descarada. Muchos ciudadanos creen, con razón, que el aparato judicial no les da garantías y que, incluso, los persigue en razón de su posición política y su ideología.La culpa está en la constituyente del 91, que, con la mejor intención pero fatales consecuencias, le dio funciones electorales a las cortes: elegir al Fiscal General, ternar candidatos para Procurador y Contralor, y escoger al Registrador. No es poca cosa. Pero no es solamente por sus tareas electorales que la Justicia se ha politizado. Parte de la responsabilidad cae también en las propias cortes. Por un lado, la Suprema ha abusado de su función de juez de los parlamentarios. Y la coincidencia en la misma sala penal de las funciones de investigación y juzgamiento y la ausencia de una segunda instancia no han hecho sino agravar los problemas. Como consecuencia, los congresistas entendieron que, para su propia supervivencia, era indispensable tener amigos entre los magistrados. Por el otro, la Constitucional decidió arrogarse funciones legislativas e, incluso, constituyentes. El núcleo del poder legislativo se desplazó del Congreso, elegido popularmente y con control político, a una corte, la Constitucional que ahora define, con frecuencia de manera arbitraria y por la mera inclinación ideológica de la mayoría coyuntural de sus miembros, el ordenamiento legislativo y el alcance del poder de reforma de la Constitución. De nuevo, los parlamentarios entendieron que tenía que buscar representación el más alto tribunal. Así que se postula y se elige no a los mejores, sino a quienes son más cercanos ideológica y personalmente. Para rematar, agregue usted que los políticos decidieron usar el sistema judicial para neutralizar a sus competidores (la judicialización de la política) y, ahora, el reciente y peligrosísimo uso de la Fiscalía como herramienta de la campaña electoral y como martillo para la persecución política de los contradictores. ¡La crisis institucional es devastadora!

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