Los Pilatos

No tengo memoria de un episodio tan deshonroso para la institucionalidad colombiana. No hay quien se salve. O muy pocos, para ser justos. Y merecen ser nombrados. Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, mientras sus colegas se regodeaban con los beneficios que recibirían, sostuvo que la reforma a la Justicia era “un acto vulgar” y “vergonzoso”. Y un número ínfimo de parlamentarios que votó en contra (26 de 268) y no se dejó atrapar por la aplanadora insensata de la Unidad Nacional: los del Polo y los del Mira, y Carlos Ferro, Juan Lozano, Juan Carlos Vélez y Miguel Gómez Martínez, Camilo Sánchez y Juan Manuel Galán, y John Sudarski y Gilma Jiménez. Los goditos, disciplinados, votaron en bloque. Pero salirse del redil era un deber. Cuando empezaba el cuatrienio, afirmamos que la Unidad Nacional debía servir no sólo para la gobernabilidad, sino para hacer los grandes cambios que necesita el país. La reforma a la Justicia, no lo dudo, es uno de ellos. Es la gran reforma pendiente. Pero si el texto aprobado en los debates era ya un espanto, lo que salió de la conciliación es un engendro horroroso. Por un lado, no ataca los problemas fundamentales de la administración de Justicia: la morosidad, la inseguridad jurídica y la corrupción y politización de la Rama Judicial. Las Cortes, por ejemplo, hundieron la propuesta de los precedentes judiciales obligatorios, para poder cambiar su jurisprudencia a su antojo y arbitrariamente. Por el otro, se convirtió en el más impudoroso intercambio de favores del que tengamos noticia. Los togados mantuvieron un silencio cómplice para que a cambio se les aumentara la edad de retiro a los 70 y el período de 8 a 12 años. Y quedaron cobijados con un juicio político, como el Presidente de la República. Si no bastara, podrán elegirse por cooptación. Si los magistrados fuesen los de antaño, vaya y venga. Pero con los actuales, la cooptación sólo asegura que los muy malos de hoy elijan otros de su misma condición. A pesar de la críticas, conservaron sus facultades de participar en la elección de otros funcionarios públicos. Además, les entregaron un presupuesto enorme, del IPC más dos puntos por diez años, y doce billones de pesos adicionales en los próximos seis. ¡Y ni una palabra sobre eficiencia en el gasto y en la función pública! Los congresistas, que luchaban con justeza por la doble instancia y la separación de las funciones de investigación y juzgamiento, convirtieron el proyecto en una contrarreforma para asegurar su impunidad. Los parlamentarios deben tener un régimen especial para su privación de libertad, en tanto cumplen una tarea fundamental de representación popular, pero… la pérdida de investidura quedará en el papel, se aforó a la secretarios del Congreso, se prohibieron las denuncias anónimas, liquidaron la ‘muerte política’. A todas estas, el Gobierno jugó a complacer a todos, como acostumbra. En plan reeleccionista, ni se iba a pelear con las Cortes ni con los congresistas. Hasta que lo abrumó la indignada reacción pública. Y entonces se atribuyó un derecho que no tiene: el de objetar por inconveniencia y constitucionalidad una reforma constitucional. Yo no dudo de que el resultado de la reforma es inmundo, pero el precedente es pésimo y sólo contribuye a lo nauseabundo. ¡El Estado de Derecho se ha ido al demonio! Y ahora todos se lavan la manos. Estamos llenos de Pilatos.