La claudicación final

Mayo 22, 2016 - 12:00 a.m. Por: Rafael Nieto Loaiza

No solo cedió: Santos capituló en toda la línea. Los gobiernos de Pastrana y Uribe y la Fuerza Pública triunfaron en el campo de batalla y, sin embargo, Santos nos entregó en Cuba. Una rendición indigna, resultado tan solo de su vanidad, de su deseo de “pasar a la historia” así el costo sea llevarse entre las patas la democracia, las instituciones republicanas y el estado de derecho. Y en esas está. Ha atacado, una a una, cada una de las ramas del poder público. Primero, quebró el sistema judicial estableciendo un tribunal de justicia paralelo, la llamada ‘justicia especial de paz’, cuya integración es aún una incógnita pero del que ya sabemos que se quiere que esté por encima de las altas cortes y que no estará sujeto ni al orden jurídico nacional ni a sus regímenes penales y disciplinarios. Después tramitó un proyecto de reforma constitucional, que va por su séptimo debate de ocho, en que deja al Congreso eunuco. En adelante los congresistas no podrán sino aprobar como un todo los proyectos que les presente el gobierno sobre lo acordado en La Habana (no podrán votar unos artículos sí y otros no, como es hoy su derecho. Será todo o nada), no podrán presentar modificaciones sin visto bueno del Gobierno y solo una mayoría calificada podrá negarlos. La inversión de la regla democrática: las minorías aprueban y solo mayorías especiales podrían negar. Y ahora, con el artículo que introducen en este séptimo debate y que redactaron junto con las Farc con la tesis de que los pactos de Cuba hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, que esos pactos forman un todo junto con la Constitución, pretenden romper el principio fundamental de la democracia: solo el pueblo es soberano, solo el pueblo puede definir la carta política, la constitución que ha de regir un Estado, solo el pueblo puede ceder, derivar ese ‘poder constituyente’, solo el pueblo define quién puede, en su nombre y por el poder que el pueblo le delega, reformar la Constitución. Y en Colombia la Constitución dice que solo el Congreso tiene ese poder constituyente derivado. Nadie más. Pretender que el Gobierno y las Farc tienen facultad para definir cuál es la Constitución que nos rige, por vía de sostener que lo que pacten en Cuba hace parte del bloque constitucional, es un golpe de Estado, una ruptura radical del estado de derecho. Y es algo que un poder derivado como el Congreso no puede hacer. No tiene esa facultad. Los congresistas no tienen autorización para entregarle a un tercero, en este caso al Gobierno y a la guerrilla, su poder de reforma de la Constitución. El Congreso no puede delegar en otros el poder constituyente que el pueblo le entregó. Esa renuncia es inaceptable y va en contra de la soberanía del pueblo.Para rematar, Farc y Gobierno no solo quieren que el Congreso les dé el poder de definir la Constitución sino que pretenden que lo haga a ciegas. En el artículo buscan que los parlamentarios digan que los pactos de Cuba hacen parte del bloque de constitucionalidad aún sin saber cuál es su contenido definitivo, con temas pendientes por resolver, antes de que haya un acuerdo final en La Habana, y sin que se conozca lo que se acordará. ¡Un cheque en blanco! No, no es, como ha alegado el Presidente, que las Farc se someten a la Constitución sino todo lo contrario: Santos subordina la Constitución a la guerrilla. ¡Volvió a la guerrilla constituyente!

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