Impunidad e imnunidad

Diciembre 22, 2013 - 12:00 a.m. Por: Rafael Nieto Loaiza

Además de impunidad, Petro y algunos desmovilizados también quieren inmunidad. Impunes están porque sus delitos quedaron todos sin sanción. Es verdad que eran otros tiempos, pero los crímenes del M-19, algunos sin duda atroces, nunca tuvieron cárcel, ni sus miembros tuvieron que contar la verdad, ni repararon a sus víctimas. Hasta hoy el mantra de verdad, justicia y reparación solo se ha aplicado a los “paramilitares” y a nadie más. Pero ocurre que estamos en un estado de derecho y, por tanto, el único imperio es el de la ley. Eso supone que absolutamente todos, sin excepción, debemos cumplirla. Y violarla acarrea una sanción. No hay inmunidad para nadie. Y menos para los funcionarios públicos que, además solo pueden hacer lo que la ley les permite y nada más.La sanción a Petro no fue por sus ideas, ni por su pasado guerrillero, ni porque sea de izquierda, ni porque sea desmovilizado. El Procurador ha investigado y exonerado a líderes de izquierda como Navarro Wolff, Robledo, Borja o Guillermo A. Jaramillo (en cambio la lista de sancionados de “derecha” es de centenas). La destitución de Petro fue porque violó la ley y, peor, lo hizo advertido, no solo por la Procuraduría sino también por la Veeduría, la Controlaría y la Super de Industria y Comercio. Violó la ley a conciencia y por eso merece esa sanción.Además, si todo ciudadano debe respetar la ley, esa obligación es éticamente mayor para quienes la sociedad perdona su pasado violento y permite su reinserción.Es en el marco de imperio de la ley y de su sanción que debe leerse la ahora famosa Convención Americana de Derechos Humanos, con la que Petro y Teodora pretenden impunidad para sus infracciones a la ley. Dicen que la Convención sostiene que la reglamentación de los derechos políticos solo puede hacerse “por condena, por juez competente, en proceso penal” y que como el Procurador no es juez penal, su sanción es contraria al tratado.Esa interpretación es equivocada. Las violaciones a la ley no son solamente penales. Las hay fiscales, disciplinarias, administrativas, civiles y no se excluyen. Y esa lectura literal supondría que ninguna infracción legal distinta a la penal podría traer la restricción de derechos políticos. Si así fuera, el Consejo de Estado no podría retirarle la investidura a los congresistas y la Contraloría tampoco podría ejercer sus facultades sancionatorias contra funcionarios electos.En otras palabras, los funcionarios que violaran la ley sin cometer un delito no podrían ser retirados de sus cargos y esa infracción quedaría impune. Y los que delinquen solo podrían ser destituidos después de una condena penal. En un país en que la justicia penal es lenta hasta la vergüenza, eso supondría que todos los electos terminarían sus períodos. Los hermanos Moreno seguirían hoy de alcalde y senador. Santos ha dicho que no intervendrá en la Comisión Interamericana. Entiendo que quiera los votos de Petro y la izquierda para la segunda vuelta, pero es una posición insensata y contraria al derecho. ¿No le ha dicho la Canciller que al Gobierno le corresponde representar internacionalmente a todo el Estado y no solo al ejecutivo? Así no quiera, el Gobierno tiene que intervenir en la Comisión. Y debe hacerlo para defender la tesis de que sí es posible sancionar con destitución a funcionarios electos sin que medie condena penal. Si no lo hace, se llevará entre las patas no solo a la Procuraduría sino también a la Contraloría y al Consejo de Estado. Irá en contra de la Constitución que nos rige. Y dejará en impunidad las violaciones no penales a la ley que cometan los elegidos. Una reelección no vale semejante muerto.

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